domingo, 28 de abril de 2013

UNSAAC, 321 años. La Universidad Pública ante la globalización neoliberal y la “universidad empresa”

UNSACC, ciudad universitaria de Perayoq.
FOTO: Diario del Cusco 
Desde los años 80 el Estado peruano se enfrentó a una de sus peores crisis, en los años 90 parecía que se vendría abajo y, espoleado por la necesidad de salvarse a toda costa, optó por una reestructuración neoliberal.
A mediados de los años setenta y ochenta del siglo XX una vieja forma de entender la economía y la sociedad, que se había archivado en los anaqueles de lo arcaico de las universidades norteamericanas y japonesas, se  maquilló de propuesta lozana. Transformada en neoliberalismo abrió sus alas con fuerzas contenidas durante decenios y propuso despedazar, con su puesta en práctica, los avances más preciados del Estado Social por los que hasta entonces había bregado la humanidad. La globalización en su forma neoliberal amenaza desde entonces con estrellar definitivamente su arpón de fuego en la Universidad Pública.
La propuesta neoliberal busca que la sociedad y el Estado -que somos todos, al final de cuentas- deben estar al servicio únicamente de la economía de algunos. Los primigenios pensadores liberales se imaginaron que la economía prosperaría en beneficio del conjunto de ciudadanos, mediando la ley de la oferta y la demanda, si se evitaba una interferencia pública excesiva y la dominación de los monopolios. En cambio, la reestructuración neoliberal ha eliminado todo rastro de intervención del Estado y, a diferencia del seminal imaginario liberal, ha entregado la economía a grandes empresas monopólicas.
Así, se ha instaurado un dogmatismo de mercado que ha impuesto sus recetas incontestables, entre ellas la privatización de todo lo que sea público, porque considera que absolutamente todo lo público –incluso el Estado y la Universidad– es ineficiente.
La restructuración neoliberal del Estado de los años 90 propició la expansión de la inversión privada en la educación superior y el reforzamiento del modelo de la “universidad-empresa”[1]. En este prototipo universitario el conocimiento es reemplazado por la diligencia sencillamente crematística subordinada a los intereses del mercado, la ciencia es relevada por el llamado “saber capitalizable” para el que interesa la actividad académica únicamente si da rédito económico inmediato. Mientras tanto, la universidad pública, que debió haber jugado un papel importante en la democratización, fue abandonada a su suerte.
La falta de un proyecto universitario coherente en las universidades públicas fue agravado por la huida de la actividad y la reflexión política de sus claustros. Al periodo de alta politización y radicalización de los años 70-80 le siguió un periodo en el que surgieron nuevos grupos de poder que, abjurando de las ideologías modernas, sin un programa ni una visión clara, abandonaron los proyectos de una universidad pública y a lo más en la actualidad siguen imitando, de muy mala manera, los ejemplos de gestión de la “universidad-empresa”. Con ella se hacen comunes en la universidad pública la baja calidad académica, la ineficiencia administrativa, la inestabilidad institucional y la pérdida de contacto con la sociedad por la pugna a su interior de intereses mezquinos.[2]
La UNSAAC actual es legataria de ese coctel dañino y hasta hoy lo toma, intonsa. La globalización hegemónica, la despolitización, el abandono de una visión universitaria a largo plazo, la imitación mediocre y tarambana del modelo de la “universidad empresa”, el accionar de grupos a su interior sin más interés que su propio beneficio y la falta de respuestas coherentes a esa globalización se conjugan y, de manera perversa, buscan con su actuación la liquidación de la promesa de una universidad pública de calidad que esté al servicio de los intereses de la sociedad regional cusqueña.
Sin embargo, ese proceso pernicioso no es invencible, al contrario, sus elementos pueden ser contrarrestados con la recuperación del debate político democrático en el claustro y con el abandono de propuestas mediocres sobre la universidad. Pero sobretodo creando una cultura y una logística universitaria que privilegie la creación de ciencia, la investigación y la enseñanza de calidad, que pondere –sobre cualquier compadrazgo o vinculación política– el esfuerzo académico de sus miembros. El proceso destructivo de la universidad debe ser enfrentado con la propuesta de reconstrucción de una Universidad del siglo XXI, desechando, a su vez, la parroquialidad académica y los gravámenes perniciosos de la globalización hegemónica.
El proceso de globalización ha colocado a la UNSAAC en una posición que puede aprovechar o por la que puede ser aplastada. Por un lado, ha dado posibilidades reales a la Universidad de beneficiarse del desarrollo de las tecnologías de comunicación global, ha abierto verdaderas posibilidades de que instituciones educativas de diversos lugares del mundo puedan establecer relaciones cercanas de intercambio de experiencias de investigación y desarrollo. Cada vez es más posible y común que las universidades del sur intercambien recursos y experiencia con universidades de países con una amplia cultura de investigación.
Por otro lado, este proceso de globalización también puede terminar por acabar con la Universidad. Bajo la lógica de la globalización neoliberal las grandes empresas transnacionales y los organismos globales, que ordenan el intercambio económico internacional, promueven una suerte de ciencia oficial, un nuevo credo económico que pretende insertarse en toda la sociedad. Este hecho puede convertir a la Universidad (y de hecho ya está sucediendo) en una maquinaria de promoción, divulgación y aplicación acrítica de esta pretendida única ciencia oficial neoliberal.
La respuesta adecuada frente a la forma hegemónica de la globalización de los poderosos es recuperar y fortalecer la Universidad Pública mirando a las necesidades de nuestros pueblos, observando el mundo para tomar de él lo que sirva a nuestra emancipación, construyendo una universidad democrática, de gran calidad, en la que se abran mil flores y florezcan mil ideas.


[1] CADAVID G., Teresa E; “Sobre la universidad-empresa”, en Revista Iberoamericana de Educación, Nº 50; Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Noviembre de 2009.
[2]“Los peruanos de pocos recursos reciben una educación de baja calidad en estos centros, y aquellos que más poseen acceden a una mejor formación en algunas instituciones privadas.” LERNER FEBRES, Salomón; “La universidad: crisis y alternativas”, en La República, Lima 27/02/2011.

viernes, 19 de abril de 2013

UNSAAC, 321 años. La ausente gestión del conocimiento y de la investigación

Interior del Rectorado, Calle Tigre, UNSAAC.
FOTO: Charly Quispe
En los años 90 fue formulado el paradigma de la “universidad-empresa”. Entonces, es probable que los grupos universitarios de la UNSAAC se encontraran intelectualmente indefensos frente a la implementación de sus postulados y no pudieran plantear propuestas alternativas frente a él. Lo objetivo es que, a lo más, atinaron a imitar de mala manera a las universidades que pusieron en práctica ese arquetipo. El resultado fue una universidad sin rumbo ni proyecto y que caminaba por inercia.
Paradójicamente, este tipo de universidad estatal a la deriva, abandonada a su suerte, ha sido sorprendido en los últimos años por un auge en el financiamiento universitario: los fondos provenientes de las regalías, el canon minero y del gas dotan actualmente a la universidad de inimaginables fondos económicos que deberían ser utilizados en la investigación. Desdichadamente, a día de hoy, la UNSAAC muestra serias falencias en la inversión de esos gigantescos montos.
La UNSAAC tiene en estos momentos los medios materiales, la posibilidad económica real, de convertirse en una de las instituciones educativas de mayor impacto en el Perú –y con proyección internacional– respecto a su producción intelectual. Desdichadamente, esta coyuntura contemporánea está siendo desperdiciada.
Tradicionalmente, uno de los pilares de la crisis de la universidad fue la falta de su financiamiento con fondos públicos, existían enormes dificultades debido a la escasez de presupuesto para la investigación. Actualmente este escollo parece no existir más. La crisis de la universidad ya no es causada por falta de recursos económicos, la crisis es ahora una crisis de gestión, de proyectos, de ideas y de maestros.
Para aprovechar la circunstancia histórica actual de crecimiento económico y abundancia del financiamiento, es necesario que las autoridades de la UNSAAC tomen  decisiones adecuadas y circunspectas respecto a las labores de formación, investigación y organización de nuestra universidad.
¿Cómo deberían ser tomadas estas decisiones? Convendría promoverse que los universitarios nos observemos a nosotros mismos, investiguemos sobre la propia universidad, hagamos de ella un tema de reflexión, de crítica y de propuesta para superar la crisis que la aqueja y para emprender una nueva reforma universitaria centrada en construir una universidad investigadora, de calidad y pertinente socialmente. Esta reforma debe hacer posible que la investigación y el conocimiento sean socialmente oportunos, por que la generación de conocimiento debe partir de nuestra propia realidad regional y debe ser entendida de manera diferente al del enjuto proyecto de investigación propio de la “universidad-empresa”.
Si se quiere recuperar y potenciar el lugar preponderante que la UNSAAC tuvo en la vida intelectual del Perú en el periodo de 1909-1970, y proyectarlo al futuro, es  necesario y urgente que todos sus estamentos reflexionemos en voz alta sobre los proyectos relativos a la universidad. Se deben ingeniar propuestas sobre cómo organizar estratégicamente las labores de formación e investigación, precisar los modelos de gestión administrativa más eficientes y democráticos que puedan servir a lograr una educación universitaria de calidad, que tenga como prioridad contribuir al proceso de construcción de nuestro propio proyecto nacional-regional.
La Universidad tiene como uno de sus fines ineludibles la elaboración de conocimiento, la creación de ciencia, más aún en una realidad caracterizada por la mundialización y los cambios generalizados y rápidos en el campo tecnológico, en las ideas y en la realidad social. En este contexto, el conocimiento ha adquirido una relevancia esencial para la promoción del desarrollo, para la emancipación social; en especial porque es fundamental para la innovación, para promover una sociedad progresista con una universidad emprendedora y de vanguardia.
El conocimiento que genere la UNSAAC debe estar vinculado estrechamente a las necesidades de desarrollo sostenible como un elemento esencial del progreso de nuestra Región. Este enunciado, colectivamente aceptado tiene, sin embargo, una implementación de carácter complejo; requiere de herramientas de gestión que deben elaborarse desde la propia realidad de la UNSAAC, con participación de sus miembros, de manera técnica y sistemática. La Universidad actualmente necesita organizar estratégicamente las labores de investigación, precisa elaborar una planificación de la investigación como un proceso colectivo de reflexión sobre el presente y el futuro de la producción y a la difusión del conocimiento.
Desde hace un par de años existe en la UNSAAC un Vice Rectorado de Investigación al que le corresponde proponer las bases de un Plan Estratégico de Investigación que dé cuenta de los condicionantes que rodean a la producción de conocimiento propio, a la situación de los núcleos, institutos y centros de investigación; de sus recursos, sus necesidades y demás aspectos que puedan incidir en sus actividades. Todo ello con la finalidad de explorar las direcciones alternativas por las que pueda encaminar su gestión, para lograr que la Universidad cumpla con su fin de producción intelectual de calidad y con eficiencia, de acuerdo a estándares de calidad internacionales.
Sin embargo, este plan estratégico no ha sido elaborado todavía. Así, la UNSAAC carece de una herramienta clave para la gestión institucional efectiva de la investigación, por lo que se ve impedida de tomar decisiones adecuadas para afrontar los desafíos globales y provechar adecuadamente las oportunidades que se presentan en el contexto universidad-región-país.
Esto ha ocasionado que el presupuesto que hasta la actualidad se ha invertido en financiar proyectos de investigación haya sido restringido, de manera inadecuada, únicamente a la cofradía de los profesores de la universidad, sin dar posibilidades de financiar proyectos propuestos por otros estamentos, como los egresados o las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Harían bien los administradores de la UNSAAC en superar esta debilidad y dotarse de las herramientas adecuadas que les faciliten hacer una gestión del conocimiento y la investigación más abierta, democrática y con garantías. Finalmente el dinero que la UNSAAC tiene como presupuesto de investigación es dinero del pueblo.
Un Plan Estratégico de Investigación debería contribuir a promover la participación de la Universidad en el desarrollo económico-social sostenible, para preservar y expandir nuestra identidad cultural regional, y posibilitar a la UNSAAC fortalecer su papel en el progreso de la sociedad regional. Las líneas generales de este Plan podrían servir a la Universidad para situar sus objetivos a largo plazo y volver a hacer brillar a los antonianos en el mundo académico nacional, y mundial ¿por qué no?

FOTO: Charly QuispeInterior del Rectorado, Calle Tigre, UNSAAC. [consultado Marzo 2013]

martes, 9 de abril de 2013

Un nuevo constitucionalismo para la refundación multicultural del Estado

Indígenas quechuas y funcionarios del Ministerio
de Cultura -  Cusco, Perú  
Desde el punto de vista de la filosofía política, los pueblos indígenas son instituciones que tienen un significado público. Son verdaderas unidades colectivas e instituciones políticas preexistentes al Estado. Es decir, los pueblos originarios existen antes de que fueran fundados los Estados latinoamericanos contemporáneos. 

Por ello más que el otorgamiento de derechos mediatizado, los pueblos indígenas deberían interesar un nuevo constitucionalismo que los considere como tales, que los reconozca como verdaderas unidades políticas preexistentes al Estado colonial y postcolonial. Para esto es necesario impulsar un nuevo contrato social democrático sobre la base de la conversación, la negociación y el diálogo entre iguales.

Para consolidar y fortalecer la democracia, el modelo político criollo del Estado latinoamericano actual tiene la obligación de establecer mecanismos de diálogo y, sobre todo, el deber de diseñar mecanismos constitucionales para establecer un modelo político intercultural, una relación jurídica democrática entre unidades políticas soberanas. 

El dialogo político intercultural para la refundación de los Estados latinoamericanos debe basarse en la libertad. Toda asociación, y más aun una asociación de carácter político que se manifieste en una Constitución, tiene que ser libremente consensuada entre las partes. Si no lo hace pervierte la Constitución Política hasta convertirla en una imposición antidemocrática que instaura un totalitarismo cultural de Estado, que instituye el dominio incontestable de un grupo civilizatorio sobre otro, o la primacía de un modelo político-cultural del Estado sobre las formaciones culturales-políticas autóctonas.

Pero para dialogar y convenir la creación del Estado mediante una Constitución, las partes intervinientes se deben reconocer mutuamente el derecho de hacerlo. El reconocimiento del otro cultural es entonces un prerrequisito de la fundación democrática del Estado. Este reconocimiento de la existencia de la variedad étnico-nacional debe incluir un núcleo duro de derechos como condición del dialogo: El respeto a la vida, la autonomía, la igualdad de condiciones y la posibilidad de perseguir sin coacción los propios fines y valores no son resultado sino condición de todo convenio político volunta­rio.[1]

Luis Villoro expone que cuando los sujetos de la asociación política pertenezcan a comunidades culturales diferentes, el respeto a la diversidad debe ser parte de ese núcleo duro de derechos. Si el convenio constitucional que funda el Estado quiere dejar de ser un convenio impuesto y convertirse en uno decidido en libertad, ese núcleo duro de derechos tiene que incluir el reconocimiento de la autonomía de los sujetos del convenio, y fundamentalmente admitir el derecho de autodeterminación.

El fundamento del derecho de los pueblos a su autodetermi­nación es anterior a la Constitución del Estado-nación, por lo tanto el orden jurídico no puede fundarlo, sólo reconocerlo considerando la libertad de decisión de los pueblos indígenas como una condición primigenia de la promulgación de sus derechos.

Sólo si se reconoce el derecho originario de un pueblo a asociarse con otros pueblos en un Estado multicultural, la asociación política estará fundada en la libertad. Una Constitución que pretenda aplicarse sobre una sociedad culturalmente heterogénea, sobre un conjunto de nacionalidades diferentes y singulares, corre el serio riesgo de convertirse en un mero postulado de ideas, un discurso político vacío sin posibilidades de lograr legitimidad ni eficacia. Este riesgo se produce debido a que existe una errónea creencia de que una Constitución fundada en razones consideradas por sus redactores ‘razones universales’ puede ser impuesta sobre formaciones sociales multiculturales anteriores históricamente al propio Estado.

La pretensión de imponer una Constitución elaborada por representantes de un grupo cultural (étnico-nacional) sobre otro grupo civilizatorio al que no se le ha reconocido, no se ha convocado, o no se le ha permitido ejercer el derecho de participar plenamente en la fundación del Estado, aunado a las características culturales del Estado postcolonial latinoamericano, es parte importante del fracaso de la Constitución Política, de la llamada crisis de la ley, y lleva en muchos casos a la anomia social y al descrédito del modelo político liberal y al déficit democrático.

El esquema democrático requiere de modelos políticos de acomodación de las diferencias culturales. Para llenar este requerimiento necesitan ser reconocidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas como formaciones preexistentes al Estado; en otras palabras, sus derechos colectivos deben ser considerados como equivalentes al derecho colectivo del propio Estado.

Una regulación constitucional, desde su origen, debe partir del reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones indígenas, debe considerarlos como interlocutores legítimos del Estado y, a su vez, garantizar las relaciones interétnicas en paridad de condiciones. Para este fin –incluso desde consideraciones en base a la mera igualdad– el modelo político tiene que prescribir favorablemente sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, debe reconocerles un estatuto jurídico diferenciado –una condición pre estatal–  tendiente a reparar y a afrontar en serio la asimetría política cultural.

Se debe desterrar la errónea idea de que la unidad territorial del país implica una primacía de la soberanía del Estado sobre la soberanía de los pueblos. Consideraciones como las aludidas no son cosa de otro mundo, son prescripciones constitucionales que ya están siendo adoptadas sin que se produzca el temido desmembramiento del Estado. Solo hace falta, para constatar esta realidad, fijarse en el reconocimiento que a partir de los años noventa del siglo XX han hecho las Constituciones de una gran parte de países latinoamericanos, un hecho palpable que puede encontrarse, por ejemplo, en la modificación de la Constitución Argentina de 1994  que en su art. 75º inc. 16º declara: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.”[2]

El reto contemporáneo es trascender del reconocimiento formal y abstracto en el texto  de las Constituciones hacia una concreta y verdadera reforma del Estado que dé cabida política a los grupos nacionales sub-estales, y alcanzar políticas públicas concretas y cotidianas de reconocimiento.



[1] Cualquier forma de asociación libremente consensuada, impone el reconocimiento de los otros como sujetos, lo cual in­cluye: 1) el respeto a la vida del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación le una igualdad de condiciones en el diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada quien de que los demás puedan guiar sus decisiones por sus propios fines y valores y no por los impuestos por otros, y 4) por último, para que se den esas condiciones, es necesaria la ausencia de toda coacción entre las partes.”  VILLORO, Luis; Estado plural, pluralidad de culturas; Paidos; México – Buenos Aires – Barcelona, 1998.
[2] BAZÁN, Víctor; “La problemática indígena y sus mutaciones constitucionales en Argentina”; Revista de Derecho Constitucional Latinoamericano, Vol. VIII, 2004.