miércoles, 22 de mayo de 2013

Nuestra querida Federación Universitaria del Cusco

                                                                                                               Pável H. Valer Bellota
Estudiantes de la UNSAAC en manifestación contra el
alza de tarifas de transporte público.
Fuente: blog FUC.
Esa era una tarde linda, con el sol de junio alumbrando las fachadas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Nosotros, jóvenes idealistas, estudiantes interesados en el porvenir de nuestra universidad, viendo las flores crecer, hablábamos tomando un café sobre la vida, la política, el pan y la belleza. No nos imaginábamos esa tarde de sol que, dentro de unos días, después de la derrota que sufrirían las propuestas infectadas de violencia en las elecciones para renovar la junta directiva de la Federación Universitaria del Cusco, uno de nosotros sería asesinado.

Guyen Hilares Santos sería alcanzado el crepúsculo del 14 de junio de 1992 por una bala que algún insano fanático le disparó por la espalda. Él era un estudiante sencillo, aguerrido, militante de “Nueva Universidad”, era un muchacho de izquierdas, fornido, mestizo cusqueño que llevaba una barba castaña y roja, y era sobre todo un buen amigo.

Esa tarde linda de sol, Guyen Hilares Santos, sentado en el local avejentado de la Federación Universitaria del Cusco situado a las puertas que daban hacia la Avenida de la Cultura, decía preocupado e inquieto como era: “debemos renovar esta Federación, tenemos que darles a los estudiantes nuevas ganas de participar en la vida universitaria, debemos reorganizar esta Federación de estudiantes para que sirva realmente al pueblo, a los más humildes, a nuestra patria y al Cusco”. Este ímpetu honesto era un obstáculo para las organizaciones que practicaban el terror y la acción política criminal: a principios de los años 90 la FUC fue prácticamente destruida, desarticulada e inmovilizada por la obcecación de los integrantes de Sendero Luminoso.

Las palabras del dirigente estudiantil enunciaban un sentido común de bien colectivo, eran expresiones de un joven demócrata, una idea compartida por la mayoría de los estudiantes de entonces que, afortunadamente, fueron transmitidas a las generaciones posteriores, a pesar del terror que buscaba acabarlas a balazos, y para congoja de los intereses de no raras autoridades universitarias que preferían gobernar la UNSAAC sin el “estorbo” de la crítica de los estudiantes.

Reconstruir la FUC tomó casi una década después de esos días soleados y terribles de junio. Únicamente desde el año 2002 pudo echarse a andar nuevamente cuando, por fin, se desarrollaron las elecciones para elegir una nueva junta directiva de nuestra querida Federación Universitaria del Cusco. 

La recomposición de la organización de los estudiantes antonianos fue un verdadero triunfo alcanzado después de un proceso social que resulto dificilísimo por que tuvo que vencer a la violencia política, sobreponerse al desánimo, la dispersión, y al aprovechamiento oportunista de algún grupo de advenedizos que pretendieron utilizar a la FUC como un pedestre negocio más que les rindiera algunas monedas. Tuvo que superar también el descrédito de la actividad política y la crisis de las ideologías modernas que azotó a la UNSAAC durante los años 90. El nuevo andar de la FUC fue un premio a la constancia y al trabajo que muchos -varias generaciones de estudiantes- herederos del idealismo, la sana locura juvenil y el arrojo de Guyen Hilares Santos desenvolvieron en el claustro universitario.

Este ánimo gremial fue la continuación de una línea histórica universitaria que nos fue encomendada desde el tiempo. La FUC fue fundada a mediados de 1909 por unos estudiantes a los que creyeron “locos” por que pedían lo “imposible”: reforma universitaria, acceso a la docencia por concurso público, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, vinculación de la universidad con el pueblo. Nuestra querida FUC fue creciendo y casi infante organizó en 1920 el congreso de creación de la Federación de Estudiantes del Perú, y posteriormente a lo largo de su historia agrupó a jóvenes con vocación social que, luego de egresados, ocuparían principales responsabilidades públicas del Perú.

Los momentos más fecundos de la FUC fueron cuando se enlazó directamente con las demandas democráticas y los movimientos sociales del pueblo del Cusco. Por ejemplo, a mediados de los años 60 se produjeron los movimientos en el sur de país que propiciaron la reforma agraria y cambiaron la estructura social del Perú, las comunidades indígenas que se levantaron contra el modelo social imperante fueron apoyadas por la FUC, al límite que el movimiento campesino tuvo entre sus líderes y patrocinadores a estudiantes emergidos de la UNSAAC o con vinculaciones estrechas con ella. Es el caso de Simón Oviedo, Miguel Quispe, Arcadio Hurtado y Vladimiro Valer Delgado. En aquel tiempo Chaupimayo (en La Convención, Cusco) se erigió como un pedestal mundial conocido por la sindicalización campesina, la lucha contra los gamonales y por la reforma agraria hecha realidad por las propias manos indígenas, gracias en parte al nexo e impulso que recibió de la tricentenaria universidad.

Los años 70 estuvieron marcados por la resistencia universitaria contra la dictadura militar. Fueron épicas las batallas que los estudiantes, trabajadores y docentes de la UNSAAC libraron contra aquella tiranía. Todo el pueblo del Cusco se solidarizó con estas campañas por la democracia en las que sobresalió el liderazgo de los estudiantes Tany Valer Lopera y Norman Bedoya. Deben ser recordados como héroes del pueblo y la libertad Jaime Salinas, estudiante de química asesinado por el gobierno militar el 23 de noviembre de 1973, Julian Choque Pariguana trabajador universitario y estudiante cuyo pecho fue atravesado por una bala el 25 de noviembre de 1973 cuando alcanzaba algunos víveres a sus compañeros encerrados en la universidad sitiada por la soldadesca. Estas luchas por la libertad y la democracia tuvieron un alto costo para los estudiantes: Boris Aybar, Ovidio Santacruz y German Guerra Ortiz quedaron ciegos y paralíticos lesionados por las balas y perdigones que disparó la policía cuando la FUC apoyaba la huelga del SUTEP de 1978.

En 1981, el estudiante Marco Antonio Ayerbe Flores fue detenido cuando participaba en una manifestación de protesta contra el alza de tarifas de transporte público, murió a consecuencia de la tortura a la que fue sometido por la policía.[1] 

¿Cómo no ser agradecido y consecuente con estas luchas y movimientos por la emancipación? El reconocimiento a estos mártires, por los propios estudiantes, debe ser el fortalecimiento de la Federación Universitaria, la superación del burocratismo, el caudillismo, y la dependencia política, así como la reorientación consecuente de sus destinos que recupere su rumbo en la historia.

Nunca fue fácil la responsabilidad de conducir la FUC, desde mediados de los 90 muchos se rindieron ante la inmensidad de los retos, y tentaciones, propios de la dirección del gremio estudiantil más importante de la región Cusco. Actualmente no lo es tampoco, debido a la cultura política y jurídica que han impreso los regímenes autoritarios que someten a sospecha a la actividad gremial y a los movimientos sociales, más aun cuando éstos ejercen una crítica fundamentada y una acción de reprobación democrática a los excesos del poder. No es fácil tampoco ahora por que la legislación universitaria ha restringido la representación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad autorizándola exclusivamente a aquellos catecúmenos que logran aprobar, sin fallar ni un solo semestre académico, todas las materias que se les adoctrinan, sin criticar, sin preguntar, sin dudar ni murmurar. Se hace así una división perversa entre el líder del sindicato estudiantil y el representante prosélito de los mecanismos de dominación.

Toda la universidad, principalmente las autoridades, deben tomar en cuenta la voz de los estudiantes que, al final de todo, son los pajarillos libertarios del jardín de nuestra alegría. 


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[1] Youngers, Coletta; Violencia política y sociedad civil en el Perú: historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Instituto de Estudios Peruanos, (Serie Ideología y Política, 16), Lima 2003. 


viernes, 10 de mayo de 2013

Túpac Amaru II y la exclusión del sujeto constitucional indígena

Miguel Quispe "El Inca". Líder indígena de
Colquepata, Paucartambo (Cusco), Perú.
Foto: Miguel Vargas,  1925 
La Constitución histórica de un país está definida por las líneas generales, subsistentes en el tiempo, que adopta el conjunto de la organización institucional, la distribución del poder político y la dominación, que son verdaderamente aplicadas en el contexto social. Engloba también a  aquellas ideologías, tendencias, y actitudes políticas que determinan los diseños de la Constitución más allá del Derecho escrito en los libros.

La Constitución histórica peruana -que rige actualmente- tiene su origen en el hecho colonial y en la condición en la que se fundó la república después de las guerras de independencia. Estas líneas históricas empiezan a dibujarse a mediados del siglo XVIII[1], pero tienen un origen más antiguo.

El modelo político constitucional de la colonia fue centralmente una continuación, con otros modos y maneras, de la tradición constitucional antigua, es decir, de las normas constitucionales del Tawantinsuyo. John H. Rowe explica que, para efectos de la implementación de la dominación colonial, “el Virreinato del Perú se consideró como la continuación histórica del imperio de los inkas”.[2]

Durante el periodo colonial el gobierno español, pragmáticamente en servicio de sus intereses, permitió la sobrevivencia en el Virreynato del Perú de ciertas tradiciones y normas políticas inkas a las que reconoció como antecedentes jurídicos o títulos legales para legitimar derechos y privilegios. Estas condiciones de excepción eran sustentadas por los caciques indígenas no en el Derecho español sino en el Derecho inka, en el nombramiento de algún antepasado como curaca o gobernador por los reyes inkas del Perú. Los caciques tuvieron interés en preservar la práctica social inka, debido a que basaron en esta tradición la legitimación de sus pretensiones a una posición social y política privilegiada. 

Hasta fines del siglo XVIII el segmento indígena se había acomodado en la sociedad colonial y había desarrollado complejos mecanismos de supervivencia social y cultural. En algunas ciudades como Cusco, a finales de la colonia, había un grado considerable de mezcla racial, incluso las élites criollas, y más aun las descendientes de los inkas reclamaban sus créditos de nobleza haciéndolos derivar de algún antepasado de las panakas -familias reales- de la época del Tawantinsuyo. Existía una especie de devoción inka expresada en una nostalgia por el incario, el uso del idioma quechua, la reivindicación de la autonomía política fuera del aparato administrativo español, y la legitimación oriunda de las propiedades y riqueza de la nobleza autóctona.[3]

La acomodación constitucional colonial cambió radicalmente a partir del siglo XVIII, el siglo de las rebeliones indígenas. La corona, presionada por su situación económica y por la situación de guerra permanente con Inglaterra[4], decretó métodos más gravosos de explotación colonial. Esto, aunado a la subsistencia de un sentimiento nacional neo-inka, provocó el descontento social y una serie de insurrecciones de los pueblos tawantinsuyanos.

Dos de estas rebeliones contra el régimen colonial son consideradas muy importantes: la de Juan Santos Atahuallpa (1742-1752) en los Andes centrales; y la liderada por José Gabriel Condorcanqui  -Tupac Amaru II- en los Andes del Sur (1780-1782). Este último, descendiente del linaje de los Inkas de Vilcambamba, pretendió hacer un frente común compuesto por indígenas, mestizos, negros, y ‘españoles americanos’ unido por un proyecto político multinacional, multirracial y pluriétnico. Su propósito naufragó debido, entre otras razones, a que los indígenas presentaban grandes rivalidades y diferencias étnico-culturales como para unirse en torno a la emancipación del dominio hispano. Los pueblos originarios no veían muy lógico hacer la independencia con los criollos hispanistas, a quienes veían como opresores junto a la élite virreinal.

La rebelión de Tupac Amaru II fue vencida, y su fracaso propició el sometimiento de los curacas originarios. Después de esta derrota política-militar se abrió un proceso social de represión de todo aquello que pudiera considerarse subversivo, es decir indígena, que menoscabó la condición social de los pueblos originarios.

El proceso de reacción virreinal contra el proyecto tupacmarista fue continuado en la práctica por el naciente Estado peruano después de la independencia (1821), y terminó a mediados del siglo XIX con la prohibición de los títulos nobiliarios derivados del Tawantinsuyo y la subsiguiente desaparición/mestización/acriollamiento acelerado de la nobleza autóctona. Con su dispersión se estableció una situación de marginación y exclusión social-cultural-económica del hecho indígena, que persiste actualmente.

La liquidación de la élite autóctona impidió la propuesta de un proyecto nacional indígena a considerarse en las Constituciones de la naciente República del Perú. Con su eliminación jurídica se despojó a este segmento social ‘peruano’ del medio para elaborar un discurso político en base a su identidad nacional tawantinsuyana. La desaparición de los curacazgos privó a las poblaciones andinas de las élites que habrían podido construir nuevos discursos de identidad en el futuro.

Al no existir más esta élite o al estar proscrita por el Derecho realmente existente, durante el resto del periodo republicano no surgieron proyectos nacionales indígenas, ni la reivindicación del reconocimiento de las nacionalidades originarias, o al menos no fueron tomados en cuenta por el modelo político postcolonial.

Se produce de esta manera la exclusión histórica del sujeto constitucional indígena. Se pierde la oportunidad de fundar un Estado, de establecer una Constitución, que refleje los anhelos históricos de todos los sectores políticos, culturales y nacionales que conforman la polys peruana. El sujeto constitucional indígena es expulsado del contrato social que instauró oficialmente la República del Perú. El contrato social criollo, que funda oficialmente la sociedad política, excluye al colectivo indígena y proyecta la construcción de la ‘nación peruana’ en su contra.

Entonces las Constituciones fueron dejadas a la suerte de las pugnas y del debate ideológico entre autoritarios, liberales y conservadores. Las nacientes líneas constitucionales peruanas del Reglamento, el Estatuto Provisional, las Bases de la Constitución, la propia Constitución Peruana de 1823 (suspendida mientras durara el gobierno de Bolívar), no impidieron –por ejemplo– que los primeros gobiernos del Perú independiente, en sus primeras actuaciones, decretaran oficialmente la extinción de los cacicazgos indígenas el 4 de julio de 1825 y el establecimiento del castellano como el único y verdadero idioma oficial del Perú.    




[1] El origen de las constituciones peruanas es encontrado en los constitucionalistas clásicos en los documentos constitucionales surgidos después de la declaración de la independencia. Existe sin embargo, lo que García Belaúnde llama –por comodidad– una prehistoria constitucional (…) que empieza en 1780 y termina en 1820. GARCÍA BELAUNDE, Domingo; “Bases para la historia constitucional del Perú”; Boletín mexicano de derecho comparado; IIJ, UNAM, Nro. 98, Mayo–Agosto, 2000.
[2] ROWE, John H.; “El movimiento nacional inka del siglo XVIII”; Revista Universitaria,Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 43 (107), 2° Sem. 1954, Págs.17–47.
 [3] CAHILL, David; “Una nobleza liminar: los incas en el ‘espacio de negociación’ cusqueño a finales de la colonia”.  En: J, Fisher y D. Cahill (edit.), De la etnohistoria a la historia en los andes. 51 Congreso Internacional de Americanistas. Quito: Abya Yala, 2008, Págs. 129-162. (p. 140)
[4] Inglaterra estuvo en guerra con España casi todo el siglo XVIII: 1701-1713, 1718-1720, 1727-1729, 1739-1741, 1762-1763, 1779-1783 y 1796-1800.  ROWE, John H.; Op. Cit.