miércoles, 4 de septiembre de 2013

Diez años después del informe de la Comisión de la Verdad las heridas de guerra siguen abiertas

Foto: A.P / Rodrigo ABD
Poblado de Chaca, Perú. Niño observa restos exhumados
de fosa clandestina
A los diez años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el influyente diario norteamericano, The Washington Post, ha publicado algunos artículos y notas sobre el conflicto armado interno que hirió al Perú entre 1980-2000. 
El que sigue es uno de ellos escrito por Franklin Briceño de la agencia Associated Press, y traducido al castellano por un sensibilizado y humilde servidor.
El texto original del artículo en inglés puede encontrarse aquí.

The original text in english can be read here

HUANCAVELICA, Perú - Durante casi un cuarto de siglo rastrearon las montañas de la región más pobre del Perú en busca de su hijo detenido por soldados en medio de la noche. Durante su inútil búsqueda, la pareja encontró 70 fosas clandestinas y desenterró tres docenas de cadáveres.
Después de que Javier fuera detenido junto a dos de sus compañeros de colegio, escribieron al comando militar local, que negó saber nada. Escribieron la Iglesia Católica, al Congreso y a tres Presidentes de la República sucesivos. Pero ninguno respondió a Alejandro Crispin y a su esposa, Alicia.
“¿Cómo es posible que nadie vaya a la cárcel por la 'desaparición' de un hijo?", pregunta Crispin, quien a los 69 años está igualmente agotado, perplejo e indignado. “¿Cómo es posible que los asesinos de personas inocentes sigan libres?"
La odisea de esta pareja pone al descubierto el fracaso del Perú en hacer frente a las heridas no cicatrizadas de miles de familias, la mayoría de ellas pobres, campesinas de idioma quechua, que fueron las principales víctimas del conflicto de 1980-2000 entre el maoísta Sendero Luminoso y el Estado.
Cerca de 70.000 personas murieron, casi la mitad asesinada por los rebeldes y más de un tercio por las fuerzas de seguridad, según las estimaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación compuesta por respetados académicos.
Pero 10 años después de que la Comisión emitiera sus recomendaciones, pocas se han tenido en cuenta: no existe ningún organismo del Estado dedicado a la búsqueda y catalogación de los cadáveres de las cerca de 15.000 personas desaparecidas en el conflicto. Los investigadores atribuyen la mayoría de las desapariciones a las fuerzas de seguridad.
Pocos violadores de derechos humanos han sido procesados judicialmente. Y menos de dos de cada cinco de los 78.000 familiares de los asesinados que solicitaron reparaciones las recibieron, consiguiendo menos de U.S $ 4,000 cada uno.
“Como nación, (Perú), ha fracasado rotundamente incluso para mostrar la empatía más básica con sus conciudadanos”, dijo Eduardo González, director del Programa para la Verdad y la Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no lucrativa con sede en Nueva York que ayuda a la recuperación de los países arruinados por la guerra.
Argentina y Chile han avanzado mucho más en sancionar a los autores de crímenes de guerra, e incluso Colombia, que todavía está en guerra, ha hecho más en otorgar reparaciones, dijo.
El entonces presidente Alejandro Toledo pidió perdón a todas las víctimas de la violencia política cuando la Comisión presentó su informe en 2003. Pero ninguna otra institución pública o social ha reconocido errores, dijo quien dirigió la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ex rector de la Universidad Católica, Salomon Lerner. “Es una tarea que queda por hacer”, informó a Associated Press.
En el aniversario de la publicación del informe, 28 de agosto, cientos de personas marcharon en Lima en conmemoración de las víctimas del conflicto. Los dirigentes políticos y militares del país estuvieron ausentes y en silencio.
Hasta la fecha, se han recuperado los cuerpos de 2.478 de desaparecidos.
Javier Crispin no está entre ellos.
Tenía 18 años cuando los soldados irrumpieron en su casa en Huancavelica, donde él y dos amigos estaban haciendo un trabajo del colegio, y los detuvieron - probablemente sospechando que eran "senderistas", dijo su padre. Esa ciudad se encuentra en la región más pobre del Perú y colinda con Ayacucho, donde nació la insurgencia, y donde se han producido más del 40% de las muertes y desapariciones.
Docenas de residentes de Huancavelica dijeron que los soldados detenían a los jóvenes en la calle, les ordenaban vaciar sus mochilas en busca de armas - y se llevaban a algunos.
“Los soldados pasaban por las calles gritando: '¡Maldito seas, hijo de puta, podemos hacer lo que queramos contigo'“, dijo Giovana Cueva, cuyo hermano Alfredo Ayuque fue detenido junto a Javier.
A diferencia de Guatemala, que recibió ayuda de la ONU para hacer frente a la violencia de su reciente pasado, el Perú ha hecho poco para catalogar los abusos e identificar a los muertos.
Los hallazgos de Alejandro Crispin impulsaron a menudo a los investigadores de la fiscalía, con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Todos estos años he tenido que echar mano de mi propio bolsillo para pagar por información para encontrar las fosas clandestinas, porque aquí nadie ayuda”, dijo el topógrafo jubilado, quien gastó los 10.000 dólares que había ahorrado para la casa de ladrillos que nunca construirá.
La Comisión de la Verdad pudo documentar sólo 24.692 muertes – 44% causada por los agentes de seguridad del Estado y 37% por parte de Sendero Luminoso, y otros asesinatos de autoría indeterminada. Un porcentaje relativamente bajo de las muertes en el conflicto se produjeron en combate real, dando lugar a que los activistas de derechos humanos se quejaran por la escasa cantidad de procesos por crímenes de guerra.
Sólo 68 agentes de las fuerzas del Estado han sido declarados culpables de crímenes de guerra, mientras que 134 han sido absueltos, en su mayoría soldados, dijo Jo-Marie Burt quien estudia el conflicto y es experta en ciencia política de la George Mason University.
Los jueces no han aceptado que “en Perú hubieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, dijo. “En cambio, en los últimos años, vienen sosteniendo que sólo hubieron ‘excesos’, y con estos argumentos han absuelto a los que dieron las órdenes.”
El Procurador de Derechos Humanos de Huancavelica, Juan Borja, dijo que los funcionarios del Ministerio de Defensa han bloqueado todos los intentos de localizar y procesar a los responsables de la desaparición de Javier Crispin.
“He hecho 80 investigaciones... para éste y otros casos y su respuesta es que ellos no tienen la información”, Borja dijo que él mismo y un arqueólogo forense excavaron con picos y palas en una tumba clandestina fuera de Huancavelica a la que Alejandro Crispin los llevó.
El Ministerio de Defensa no respondió de inmediato a las solicitudes de información.
Sendero Luminoso instigó el derramamiento de sangre, sus líderes y más de 600 sediciosos fueron condenados por terrorismo y encarcelados, pero muchos de sus comandos de nivel medio, culpables de crímenes de guerra, han evadido la justicia.
Personas como Nicanor Torres han intentado, mayormente en vano, conseguir justicia. Este sastre de 52 años de edad radicado en Lima está obsesionado con vengar los asesinatos de sus padres y sus dos hermanos muertos en 1984 en manos de los violentos en un remoto lugar de Ayacucho.
Su hermana Alejandrina, que tenía entonces 4 años, se escondió debajo de las faldas de una vecina mientras los rebeldes cortaban las gargantas de sus padres, en su casa de la comunidad campesina de Chaca. Se fue a Lima para salvarla.
Torres dice saber quien asesinó a sus parientes muertos: un comando rebelde que les robó mil ovejas, cien cabezas de ganado y 53 caballos.
Torres dijo que rastreó a ese hombre y en dos oportunidades fue a su casa en la capital de Ayacucho, Huamanga, con la intención de matarlo. La primera vez, una mujer abrió la puerta. La segunda vez, una niña. Ambas dijeron que el ex cuadro de Sendero Luminoso no estaba en casa.
Nicanor y Alejandrina Torres volvieron a Chaca en junio para el entierro formal de sus padres, cuyos restos fueron exhumados el año anterior.
Los aldeanos lloraron en silencio mientras llevaban 21 ataúdes desde la plaza del pueblo, a través de un bosque de eucaliptos junto a un río donde las ranas croaban, hacia el cementerio.
Alejandrina Torres dijo que estaba tan conmocionada que no lloró. 
Sólo cuando regresó a Lima, en la soledad de su habitación, llegaron las lágrimas: “No pude dormir durante dos días.” 
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Traducción: Pável H. Valer Bellota