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| Foto: A.P / Rodrigo ABD Poblado de Chaca, Perú. Niño observa restos exhumados de fosa clandestina |
El que sigue es uno de ellos escrito por Franklin Briceño de la agencia Associated Press, y traducido al castellano por un sensibilizado y humilde servidor.
El texto original del artículo en inglés puede encontrarse aquí.
HUANCAVELICA,
Perú - Durante casi un cuarto de siglo rastrearon las montañas de la
región más pobre del Perú en busca de su hijo detenido por soldados en medio de
la noche. Durante su inútil búsqueda, la pareja encontró 70 fosas clandestinas
y desenterró tres docenas de cadáveres.
Después de
que Javier fuera detenido junto a dos de sus compañeros de colegio, escribieron
al comando militar local, que negó saber nada. Escribieron la Iglesia Católica,
al Congreso y a tres Presidentes de la República sucesivos. Pero ninguno
respondió a Alejandro Crispin y a su esposa, Alicia.
“¿Cómo es
posible que nadie vaya a la cárcel por la 'desaparición' de un hijo?",
pregunta Crispin, quien a los 69 años está igualmente agotado, perplejo e
indignado. “¿Cómo es posible que los asesinos de personas inocentes sigan
libres?"
La odisea de
esta pareja pone al descubierto el fracaso del Perú en hacer frente a las
heridas no cicatrizadas de miles de familias, la mayoría de ellas pobres,
campesinas de idioma quechua, que fueron las principales víctimas del conflicto
de 1980-2000 entre el maoísta Sendero Luminoso y el Estado.
Cerca de
70.000 personas murieron, casi la mitad asesinada por los rebeldes y más de un
tercio por las fuerzas de seguridad, según las estimaciones de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación compuesta por respetados académicos.
Pero 10 años
después de que la Comisión emitiera sus recomendaciones, pocas se han tenido en
cuenta: no existe ningún organismo del Estado dedicado a la búsqueda y
catalogación de los cadáveres de las cerca de 15.000 personas desaparecidas en
el conflicto. Los investigadores atribuyen la mayoría de las desapariciones a
las fuerzas de seguridad.
Pocos
violadores de derechos humanos han sido procesados judicialmente. Y menos de
dos de cada cinco de los 78.000 familiares de los asesinados que solicitaron
reparaciones las recibieron, consiguiendo menos de U.S $ 4,000 cada uno.
“Como nación,
(Perú), ha fracasado rotundamente incluso para mostrar la empatía más básica
con sus conciudadanos”, dijo Eduardo González, director del Programa para la
Verdad y la Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una
organización no lucrativa con sede en Nueva York que ayuda a la recuperación de
los países arruinados por la guerra.
Argentina y
Chile han avanzado mucho más en sancionar a los autores de crímenes de guerra,
e incluso Colombia, que todavía está en guerra, ha hecho más en otorgar
reparaciones, dijo.
El entonces
presidente Alejandro Toledo pidió perdón a todas las víctimas de la violencia
política cuando la Comisión presentó su informe en 2003. Pero ninguna otra
institución pública o social ha reconocido errores, dijo quien dirigió la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ex rector de la Universidad Católica,
Salomon Lerner. “Es una tarea que queda por hacer”, informó a Associated Press.
En el
aniversario de la publicación del informe, 28 de agosto, cientos de personas
marcharon en Lima en conmemoración de las víctimas del conflicto. Los
dirigentes políticos y militares del país estuvieron ausentes y en silencio.
Hasta la
fecha, se han recuperado los cuerpos de 2.478 de desaparecidos.
Javier
Crispin no está entre ellos.
Tenía 18 años
cuando los soldados irrumpieron en su casa en Huancavelica, donde él y dos
amigos estaban haciendo un trabajo del colegio, y los detuvieron -
probablemente sospechando que eran "senderistas", dijo su padre. Esa
ciudad se encuentra en la región más pobre del Perú y colinda con Ayacucho,
donde nació la insurgencia, y donde se han producido más del 40% de las muertes
y desapariciones.
Docenas de
residentes de Huancavelica dijeron que los soldados detenían a los jóvenes en
la calle, les ordenaban vaciar sus mochilas en busca de armas - y se llevaban a
algunos.
“Los soldados
pasaban por las calles gritando: '¡Maldito seas, hijo de puta, podemos hacer lo
que queramos contigo'“, dijo Giovana Cueva, cuyo hermano Alfredo Ayuque fue
detenido junto a Javier.
A diferencia
de Guatemala, que recibió ayuda de la ONU para hacer frente a la violencia de
su reciente pasado, el Perú ha hecho poco para catalogar los abusos e
identificar a los muertos.
Los hallazgos
de Alejandro Crispin impulsaron a menudo a los investigadores de la fiscalía,
con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Todos estos
años he tenido que echar mano de mi propio bolsillo para pagar por información
para encontrar las fosas clandestinas, porque aquí nadie ayuda”, dijo el
topógrafo jubilado, quien gastó los 10.000 dólares que había ahorrado para la
casa de ladrillos que nunca construirá.
La Comisión
de la Verdad pudo documentar sólo 24.692 muertes – 44% causada por los agentes
de seguridad del Estado y 37% por parte de Sendero Luminoso, y otros asesinatos
de autoría indeterminada. Un porcentaje relativamente bajo de las muertes en el
conflicto se produjeron en combate real, dando lugar a que los activistas de
derechos humanos se quejaran por la escasa cantidad de procesos por crímenes de
guerra.
Sólo 68
agentes de las fuerzas del Estado han sido declarados culpables de crímenes de
guerra, mientras que 134 han sido absueltos, en su mayoría soldados, dijo
Jo-Marie Burt quien estudia el conflicto y es experta en ciencia política de la
George Mason University.
Los jueces no
han aceptado que “en Perú hubieron violaciones sistemáticas de los derechos
humanos”, dijo. “En cambio, en los últimos años, vienen sosteniendo que sólo
hubieron ‘excesos’, y con estos argumentos han absuelto a los que dieron las
órdenes.”
El Procurador
de Derechos Humanos de Huancavelica, Juan Borja, dijo que los funcionarios del
Ministerio de Defensa han bloqueado todos los intentos de localizar y procesar
a los responsables de la desaparición de Javier Crispin.
“He hecho 80
investigaciones... para éste y otros casos y su respuesta es que ellos no
tienen la información”, Borja dijo que él mismo y un arqueólogo forense
excavaron con picos y palas en una tumba clandestina fuera de Huancavelica a la
que Alejandro Crispin los llevó.
El Ministerio
de Defensa no respondió de inmediato a las solicitudes de información.
Sendero
Luminoso instigó el derramamiento de sangre, sus líderes y más de 600
sediciosos fueron condenados por terrorismo y encarcelados, pero muchos de sus
comandos de nivel medio, culpables de crímenes de guerra, han evadido la
justicia.
Personas como
Nicanor Torres han intentado, mayormente en vano, conseguir justicia. Este
sastre de 52 años de edad radicado en Lima está obsesionado con
vengar los asesinatos de sus padres y sus dos hermanos muertos en 1984 en manos
de los violentos en un remoto lugar de Ayacucho.
Su hermana
Alejandrina, que tenía entonces 4 años, se escondió debajo de las faldas de una
vecina mientras los rebeldes cortaban las gargantas de sus padres, en su casa
de la comunidad campesina de Chaca. Se fue a Lima para salvarla.
Torres dice saber
quien asesinó a sus parientes muertos: un comando rebelde que les robó mil
ovejas, cien cabezas de ganado y 53 caballos.
Torres dijo
que rastreó a ese hombre y en dos oportunidades fue a su casa en la capital de
Ayacucho, Huamanga, con la intención de matarlo. La primera vez, una mujer
abrió la puerta. La segunda vez, una niña. Ambas dijeron que el ex cuadro de
Sendero Luminoso no estaba en casa.
Nicanor y
Alejandrina Torres volvieron a Chaca en junio para el entierro formal de sus
padres, cuyos restos fueron exhumados el año anterior.
Los aldeanos
lloraron en silencio mientras llevaban 21 ataúdes desde la plaza del pueblo, a
través de un bosque de eucaliptos junto a un río donde las ranas croaban, hacia
el cementerio.
Alejandrina
Torres dijo que estaba tan conmocionada que no lloró.
Sólo cuando
regresó a Lima, en la soledad de su habitación, llegaron las lágrimas: “No pude
dormir durante dos días.”
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