La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Cusco

                                                                                                                Pável H. Valer Bellota

Portada de la Revista de la Facultad de Derecho
Nro. 4. 1965

Hace más de seis décadas, en 1948, comenzó a publicarse la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cusco (UNSAAC). Fue una de las primeras que, desde las universidades peruanas, se ocuparon del campo jurídico, con un contenido renovador de considerable impacto en el ámbito académico nacional y latinoamericano. El camino que ha recorrido puede ser ordenado en varias etapas, en atención a los periodos históricos que la influyeron, al devenir ideológico que expresó y a las circunstancias sociales y políticas que la rodearon.

La primera etapa corresponde a la aparición de la primera Revista, en 1948. Entonces se percibían aún los ecos de las publicaciones que, desde 1860 hasta 1920, editó el Colegio de Abogados del Cusco. Esta tendencia editora tuvo que haberse combinado con el impulso que imprimió la Reforma Universitaria de 1909 que abrió espacio a una resonante vanguardia intelectual. Los resultados positivos de la reforma universitaria cusqueña dieron fruto en la Facultad de Derecho de manera tardía, con la publicación de la primera Revista. Fue durante el decanato de Cesar A. Muñiz que salió a la luz el primer número, bajo su dirección y su arrastre personal.

La segunda etapa comprende los números 2º (1964) al 5º (1965) que se publicaron cuando era decano Ferdinand Cuadros Villena, y al número 6º (1971) publicado bajo la dirección Enrique Holgado Valer[1]. Esta etapa se relaciona a la llamada “edad de oro de la Facultad de Derecho” en la que logran conjugarse los impulsos progresistas de un grupo de profesores de izquierdas -encabezados por el mismo Cuadros Villena y otros docentes como Carlos L. Valer Portocarrero- con los fines de investigación propios de la universidad.

La idea que inspira los cinco números que componen esta etapa es la necesidad de crear una “conciencia jurídica nacional” para solucionar los grandes problemas del país. Para lograr este fin los intelectuales de la Facultad de Derecho plantean que debería superarse “el modelo de la universidad teologal que sirve únicamente a la profesionalización”[2]. Advierten la necesidad de una renovación universitaria substancial más acorde a los tiempos de cambio de las estructuras sociales del Perú, y exponen que uno de los componentes indispensables de un nuevo tipo de Facultad, junto con la extensión universitaria, es la investigación de “la realidad socio-jurídica nacional y la formación de un derecho destinado a promover la transformación de la sociedad peruana y conseguir que se realicen los postulados de la democracia en los planos económico, político y cultural”.[3]

"Facultad de Derecho".
Foto: Philippe Noguchi

Los editores de la Revista conciben entonces que la Facultad de Derecho no puede “desentenderse de las múltiples exigencias de un mundo nuevo”, sino que “debe contribuir a la creación y al imperio de un orden justo de vida, no pudiendo permanecer como simple espectadora de la vida nacional”, sino que debe ser su protagonista. El propio Cesar A. Muñiz resalta que “toca en suma investigar y encontrar los ideales de la verdadera justicia social del pueblo peruano, contribuyendo también a la formación de un pensamiento filosófico jurídico propio de nuestra América Latina”. [4]

El ímpetu transformador de la Revista de Derecho fue cercenado de manera abrupta por los hechos políticos que envolvieron a la sociedad cusqueña. Durante la década del sesenta se produce el gran levantamiento campesino indígena exigiendo la reforma agraria: el núcleo de docentes de la Facultad, editores de la Revista, que impulsaron abiertamente este movimiento emancipador, fueron perseguidos por el régimen político, y varios de ellos fueron confinados en las cárceles como el “Cepa” y el Frontón.[5]

Luego de la represión contra los profesores de izquierdas, tuvieron que transcurrir seis años para que la Revista reapareciera en abril de 1971, con artículos que muestran las primeras influencias decididas de las teorías que conciben el estudio de la dogmática del Derecho como contenido único y puro de la “ciencia jurídica”. Aunque todavía se aprecian trabajos que buscan analizar la reforma de la educación decretada por el régimen de la Junta Militar de Gobierno y sus implicancias para la universidad peruana. Nuevamente los hechos políticos determinaron que la Revista dejara de ser publicada: en 1972, como respuesta a las potentes manifestaciones del movimiento estudiantil, la UNSAAC fue intervenida por el gobierno militar mediante una “Comisión Reorganizadora”.  

La tercera etapa de la Revista de la Facultad de Derecho abarca los números 7º (1990) y 8º (1997) editados durante los decanatos de Florencio Díaz Bedregal y de José Béjar Quispe, respectivamente. Tuvieron que transcurrir 19 años de silencio de la Revista debido a que buena parte de la década del 70 la UNSAAC estuvo intervenida por el gobierno, regida por decretos del régimen militar. Fue recién en 1982 que se logra desprender de la tutela que violaba su autonomía, con la promulgación de la ley 23733 (Ley universitaria “Alayza–Sanchez”).

La vuelta a la institucionalidad de la Facultad de Derecho tomó casi toda la década del 80. Una de las expresiones de esta vuelta a la normalidad es la Revista Número 7º (1990), editada en homenaje al 199º aniversario de creación de la Facultad de Derecho[6], con artículos más bien breves que abandonan –excepto los artículos sobre historia de la Facultad y el Paraninfo– los ánimos investigadores del binomio derecho y realidad social, que habían caracterizado a la segunda etapa de la Revista. En cambio, se percibe la influencia sobresaliente de la metodología del legalismo y el formalismo positivistas.

El número 8º (1997) sale a la luz después de transcurridos seis años de la publicación de su predecesor. No pudo cumplirse la intención institucional que fuera anual, debido al recorte de presupuesto, expresión de una práctica del  gobierno peruano de no asignarle fondos suficientes a la Universidad pública.[7]

"Reloj y libros" Foto: Leona

Es necesario mencionar un fenómeno académico muy importante: durante la tercera  etapa se publican revistas dirigidas y gestionadas por los estudiantes. Una de las primeras es “La Rotativa Jurídica” (1986)[8]que alcanzó dos números con artículos de contenido político-jurídico enfocados en la coyuntura social. Se tocan, por ejemplo, temas como la militarización y la masacre de los penales en Lima[9], el derecho socialista[10], la deuda externa[11], y comienza a popularizarse el entendido que la fundación de la Facultad de Derecho del Cusco fue en 1791[12].

Otra de las publicaciones importantes de los estudiantes es la “Revista Jurídica Temas de Derecho” que produjo dos números, el primero editado en 1992 en homenaje al bicentenario de creación de la Facultad de Derecho y al tricentenario de fundación de la UNSAAC. Esta revista salió a la luz en medio del conflicto armado interno, una de las más graves coyunturas económicas y sociales por las que atravesó el Perú, con la declarada linea editorial de “formar investigadores jurídicos que planteen alternativas ante el sistema legal en crisis (…) y para tender vínculos de integración, comunicación e intercambio con quienes tienen que ver con el derecho y la sociedad”.[13] El segundo número de “Temas de Derecho” (1993) amplió su cobertura a las Facultades de Derecho del Sur del país.[14]

En la primera década de este siglo aparece “Yachaq, Revista de Derecho” que alcanzó seis números (el último publicado en 2010) con artículos orientados a temas de derecho privado y empresarial en su mayoría escritos por académicos de universidades limeñas, además de investigaciones sobre teoría y filosofía del derecho de autores extranjeros.

Desde mediados de los 80, las revistas editadas por los estudiantes constituyen una tendencia significativa e imparable. La inquietud publicadora ha dado lugar a la organización de varios centros e institutos de investigación. Un hecho curioso, por ejemplo, es la “reaparición” de “La Rotativa Jurídica” en 2010, editada esta vez por el Instituto de Investigación de Derecho y Justicia.[15]   

De manera lamentable, la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ha dejado de ser publicada nuevamente durante un exorbitante tiempo, hace ya 17 años. Producto de causas externas, ha cundido en la Academia cusqueña una especie de desánimo, de pereza intelectual y vacaciones del intelecto que es necesario superar, más aún cuando la universidad es preciada ya no únicamente por la parca formación profesional que logra proveer, sino principalmente por su proyección social, su creación intelectual y sus labores de investigación, que son fines primordiales de su existencia. La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC debería continuar con su noble tradición histórica y emprender en libertad, con una energía institucional renovada, emancipada ya de dictaduras y restricciones, una cuarta etapa de su edición.

---

[1] PROGRAMA ACADEMICO DE DERECHO; Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 6, Cusco 1971. A partir de este número las revistas de la Facultad ya son editadas como fruto del esfuerzo de un “Comité de Redacción”; al parecer dejan de ser parte del esfuerzo institucional de la Facultad para convertirse en fruto del emprendimiento de pequeños grupos de profesores sensibilizados con la producción intelectual como fin de la universidad.

[2] FACULTAD DE DERECHO; “Objeto y fines de la Facultad de Derecho”, proyecto de resolución en la I Convención de las Facultades de Derecho del Perú; en Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 2, Cusco 1964. Págs. 53-56

[3] CUADROS VILLENA; “La investigación de la realidad socio-jurídica, fin primordial de las Facultades de Derecho”, proyecto de resolución en la I Convención de las Facultades de Derecho del Perú; en Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 2, Cusco 1964. Pág. 58.

[4] MUÑIZ R., César A.; “Fines de las Facultades de Derecho”¸ Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 2, Cusco 1964. Págs. 5-16.

[5] TAMAYO HERRERA, José; “Historia integral de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco: nueva visión sintética desde la perspectiva teórica del siglo XXI”; en El Antoniano, Nro. 122, UNSAAC, Marzo de 2013. Págs. 23-57. [p.49-50]

[6] FACULTAD DE DERECHO; Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nro. 7, Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 1990. El “Consejo Editorial” de este número esta conformado por los docentes José Bejar Quispe y Luis A. Aragón Ibarra, además del Sr. Víctor Lovon Torres y el estudiante Elver Pizarro Pillco.

[7] BEJAR QUISPE, José; “Prologo”; en: FACULTAD DE DERECHO; Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nro. 8, Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 1990.

[8] FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.

[9] VALER DELGADO, Vladimiro; “Las masacres en los penales de Lima: genocidio exponente de un proceso de autoritarismo y militarización”; en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 18-21.

[10] MASIAS Z., Demetrio; “El sistema jurídico socialista”; en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 15-17.

[11] LUNA FARFAN, Faustino; “La deuda externa y el derecho financiero y ributario”¸ en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 25-30.

[12] DIAZ BEDREGAL, Florencio; “Notas sobre la enseñanza del derecho en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”; en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 7-14.

[13] TORRES ROSELLO, Juan Carlos; “Nota Editorial”; en Revista Jurídica Temas de Derecho; Consejo de Investigación de la UNSAAC, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Cusco 1992.

[14] UNSAAC, Universidad Nacional del Altiplano (Puno), Universidad Andina del Cusco, Universidad Néstor Cáceres Velásquez (Juliaca) y Universidad de Apurimac (Abancay)

[15] INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DERECHO Y JUSTICIA; Revista la Rotativa Jurídica; Nro. 1, Ronald Hancco Lloclle (Dir); Cusco, Octubre 2010. Agradezco la colaboración del Carlos Rodriguez Casaverde, estudiante de la Facultad de Derecho, que me proporcionó un ejemplar de esta publicación.

La UNSAAC debe transformarse en una Universidad del Siglo XXI

   Publicado en Revista SAYARI  Nro. 2                                                                  

                                                                                                                 Pável H. Valer Bellota

Foto: "Facultad de Derecho" Avener Prado 

En 1692 la Universidad del Cusco fue concebida como una institución para la dominación. Su estructura y sus contenidos fueron diseñados para que sirvieran al proceso de destrucción de los modelos sociales tawantinsuyanos. Estuvo centrada en la enseñanza de la teología y el derecho (que eran la ciencia política de entonces), y en la medicina (para el sometimiento de la naturaleza). Era una institución oscura, ocupada del adoctrinamiento de la élite en las mejores formas de implementar y administrar el modelo colonial.

Después de la implantación de la República (1821) la universidad permaneció por mucho tiempo anclada en el pasado. Era una institución que albergaba a las ideas y a muchos adeptos de las condiciones coloniales de opresión.

Aquel modelo fue criticado y estremecido a partir de la Reforma Universitaria de 1909. Una huelga de los estudiantes cusqueños consiguió que la universidad deslinde con las condiciones coloniales y se libre del imperio de docentes conservadores. El movimiento reformista desplegó planteamientos novísimos como la representación estudiantil en el gobierno universitario y el ingreso a la función docente por concurso de méritos.

Con su impulso, la universidad se colocó en los primeros lugares en innovación ideológica y producción científica. Las ideas surgidas a partir de 1909 en la UNSAAC –imaginadas por la “generación de La Sierra”– se hicieron dominantes en el debate peruano. La “escuela cusqueña” propuso con éxito la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el anti centralismo, el regionalismo político y económico. La universidad enfocó su mirada hacia la realidad del entorno y se vinculó con movimientos y organizaciones populares que propugnaban nuevos paradigmas.

La Reforma Universitaria del Cusco proyectó su influencia de manera decreciente hasta mediados de 1970. Durante casi cincuenta años la UNSAAC engendró ideas, produjo investigaciones y construcciones teóricas originarias con gran resonancia. Pero ese ímpetu vigoroso se fue disipando y apagando paulatinamente.

A mediados de los años 70 la UNSAAC fue envuelta en un torbellino de contiendas ideológicas y políticas. La dictadura militar quería que la universidad sirviera completamente a sus intereses, a la vez que recortaba su financiamiento. Estas intenciones no democráticas fueron motivo de oposición de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos que se organizaron en grupos de una variada gama de izquierdas. En esta pugna “ganaron” en la práctica las posturas –compartidas por ambos bandos en disputa– que señalaban que la universidad debía servir únicamente a proyectos particulares de cambio político y económico, y que las labores de educación, investigación -y acaso la escasa producción científica subsistente- debían subordinarse a este objetivo. La universidad fue reducida a un mero instrumento político cuyo resultado fue la disminución de su actividad investigadora y su calidad académica.

Monumento a lo arcaico en la Facultad de Agronomía y
 Zootecnia de la UNSAAC. Foto: Kuntur Apuchin

La restructuración neoliberal de los años 90 propició un modelo de “universidad-empresa”. El conocimiento fue reemplazado por la actividad sencillamente crematística, subordinada a los intereses del mercado, por el llamado “saber capitalizable”, para el que interesa la actividad académica sólo si da rédito económico inmediato.

La carencia de un proyecto universitario coherente fue agravada por la huida de la Política de los claustros. Al periodo de alta politización y radicalización de los años 70-80 le siguió un tiempo en el que surgieron en la UNSAAC nuevos grupos de poder que, abjurando de las ideologías modernas, sin un programa ni una visión clara y sin más interés que su propio beneficio, abandonaron los proyectos de una universidad pública y ahora, a lo más, siguen imitando de muy mala manera los ejemplos de gestión de la “universidad-empresa”. Se hicieron comunes la baja calidad académica, la inoperancia administrativa, la inestabilidad institucional y la pérdida de contacto con la sociedad, debido a la pugna en su interior de intereses mezquinos. Hoy, el resultado de ese cóctel dañino es una universidad sin rumbo ni proyecto, que camina por inercia.

De manera paradójica, esta institución a la deriva ha sido sorprendida en los últimos años por un auge en el financiamiento: las regalías, el canon minero y del gas proporcionan a la universidad gigantescos importes -inimaginables hace pocos años- que deberían ser invertidos en investigación. Desdichadamente, esta coyuntura histórica está siendo desperdiciada y la UNSAAC tiene serias dificultades en la inversión, con visión a futuro, de esos presupuestos.

Tradicionalmente, uno de los pilares de la crisis de la universidad fue la falta de fondos, la carestía de dinero para la investigación. Actualmente, este escollo parece no existir más. El estancamiento ya no es causado principalmente por la escasez de recursos económicos, sino es ocasionado por la inexistencia de un modelo de gestión efectiva, participativa y democrática, y por la insuficiencia de planes que favorezcan la calidad en las funciones de la universidad. No se invierte en capital intelectual.

Hacen falta ideas sobre qué debemos hacer con la universidad, nos faltan maestros y estudiantes que sean capaces de escribir, investigar, pensar e imaginar. La crisis universitaria es ahora una crisis de paradigmas. La UNSAAC debe vencer la decadencia, hallarse a sí misma, debe encontrarse con su historia y re-inventar su arquetipo para convertirse en una Universidad del Siglo XXI.

Antropología del Derecho, democracia y emancipación social

                                                                                                                           Pável H. Valer Bellota

"Leyes, Laws" Foto de Juan J. Muñoz

Se debe observar al Derecho como un aspecto de la realidad social, como un producto cultural de una sociedad determinada o de un grupo étnico nacional particular. Así, se puede comprender su sentido empírico. Con esta visión es posible hacer un análisis de las causas y los efectos concretos de la existencia de un único orden jurídico-político en medio de una sociedad multicultural, investigar sus condicionantes (históricos, económicos, políticos, ideológicos), y también sus efectos sobre esos condicionantes. 

La antropología jurídica da cuenta de la manera en que los sistemas jurídicos se encuentran inmersos en la cultura y el poder, en la dialéctica del conflicto, de la dominación y la emancipación social[1]. La antropología jurídica, en este sentido, puede contribuir a la transformación del Derecho en una herramienta de emancipación social postcolonial, en un instrumento de reconocimiento del hecho multicultural.

Como ya es conocido, los juristas tradicionales no se fijan en la realidad existente más allá de la ley escrita, no logran situarse fuera del sistema dogmático jurídico para apreciar el fenómeno social llamado Derecho en su integridad. Esta visión del Derecho con un solo ojo causa que casi todos los estudios sobre la ley desechen de sus enfoques una mirada a la cultura y a la realidad social, y excluyan considerar que el Derecho más allá de ser un precepto escrito es también un fenómeno social, y es el producto político de una negociación (o imposición) que busca la construcción y legitimación de una hegemonía determinada[2] y de un concepto de “bien” culturalmente establecido.

Ante esa ideología jurídica conservadora, se puede proponer la ampliación del estudio del Derecho con métodos de investigación propios de la sociología y de la antropología.

En especial, la antropología del campo jurídico debe analizar al Derecho como un aspecto de la realidad social, como un producto cultural de una sociedad determinada o de un grupo étnico nacional particular. El Derecho, en los países postcoloniales de la América Andina, es un mecanismo de hegemonía y un instrumento de control social, que se ha construido, y ejercido históricamente, al margen de un gran segmento de ciudadanos a quienes actualmente se les niega su participación en la constitución de la sociedad política –en la construcción jurídica de la nación– debido a su identidad étnico-nacional (es decir debido a que son parte de las sociedades étnicas originarias). 

Asamblea de Comuner@s de Chamaca, Cusco, Perú.
Foto: Pável H. Valer Bellota

En este panorama, el Derecho puede ser –y debe transformarse– en un mecanismo y un instrumento de liberación, de emancipación social, de construcción de la hegemonía pública democrática. Para esta tarea es necesario transformarlo en un Derecho humilde, un Derecho construido desde abajo y para los de abajo, un Derecho que reconozca al otro culturalmente diferente en un marco de producción democrática de la norma jurídica que integre el pluralismo emancipatorio.[3]

La antropología del campo jurídico puede contribuir a esta transformación del Derecho en una herramienta de emancipación social, más cuando el momento contemporáneo de la antropología es el de un contexto postcolonial. Después del proceso de colonización de las naciones indígenas de América, las estructuras jurídico-políticas estatales han ganado terreno en todo el mundo. La descolonización formal (la “independencia”) no ha producido un fortalecimiento de las formas tradicionales de gobierno de los pueblos, ni la recuperación de sus modelos políticos autóctonos, sino –por el contrario- ha llevado a la formación de estructuras políticas que funcionan de acuerdo a la lógica estatal europea (o lo que se llama actualmente Occidente).[4]

Por otro lado, se ha producido un cambio en el Derecho Internacional con nuevos instrumentos que reconocen derechos a los pueblos originarios, como el Convenio 169 OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, junto a la incorporación en algunas Constituciones latinoamericanas de la multiculturalidad, de algunos derechos culturales y, especialmente, de la jurisdicción indígena. 

René Kuppe explica que dicho proceso de reconocimiento podría asignarle a la antropología del Derecho una función paralela a la dogmática jurídica que rompa con las “seducciones positivistas” en medio del desprestigio del Derecho oficial del Estado. Puede ser que la dogmática jurídica, tal como hasta ahora se ha elaborado de manera hegemónica, solo haya servido para legitimar un modelo político que ha excluido y expulsado a innumerables personas del contrato social, y haya degradado al Estado de Derecho a un mero discurso que blinda los intereses de los sectores hegemónicos de los países postcoloniales Latinoamericanos. La antropología jurídica puede contribuir a fundar sociedades más libres, y verdaderamente democráticas, en base a hacer explícitas las realidades (culturales y políticas) de las normas jurídicas.      

---

[1] POTZ, Richard ; “Sociedades, conflicto, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica”; en  POTZ, Richard (Edit.), Antropología Jurídica, perspectivas socioculturales en el estudio del Derecho, Anthropos Editorial, Rubí Barcelona, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México 2002. Págs. 13-49 [pág. 24]

[2] Para una idea general del Derecho como instrumento de hegemonía puede consultarse, entre otros, el trabajo de NOGUERA FERNÁNDEZ, Albert; “Durkheim y Weber: surgimiento de la sociología jurídica y teorización del Derecho como instrumento de control social”, Investigaciones Sociales, Año X, N° 17, UNMSM Lima, 2006, Págs. 395-411.

[3] Estas ideas, son tomadas prestadas de las propuestas de Antonio Carlos Wolkmer. Una síntesis de su propuesta de pluralismo emancipatorio, tributaria de la teoría sociológica jurídica de Erlich, puede encontrarse en el trabajo de SÁNCHEZ RUBIO, David; “Pluralismo jurídico y emancipación social”, en Belloso Martín, Nuria y DE JULIOS-CAMPUZANO, ¿Hacia un paradigma cosmopolita del derecho?: pluralismo jurídico, ciudadanía y resolución de conflictos, Oñati IISJ, Dykinson, 2008. Págs. 111-129.

[4] KUPPE, René y POZT, Richard; “La antropología del derecho: perspectivas desde su pasado, presente y futuro”; en ORDOÑEZ, José Emilio R.; Antropología Jurídica; IIJ UNAM, México 1995. Págs. 9-45  

La expansión del castellano, política lingüística colonial, hoy

Dedicado a Fernando Manga Gonzales, "QOLLAPATO"                     

  Pável H. Valer Bellota

Señora del Valle del Colca (Perú)
Foto: Sjameron

“Siempre la lengua fue compañera del imperio” decía Elio Antonio de Nebrija en su obra de lingüística española (1492), escrita en plena incursión colombina. Uno de los principales intereses de los peninsulares en América fue la implantación del castellano como lengua franca. Para los colonizadores, la suplantación de los idiomas autóctonos fue más difícil que el desalojo del poder de los vencidos de las empresas coloniales; los hispanos asaltaron en pocos años el espacio político y social, pero su lengua lo está logrando solo al cabo de cinco siglos de dominación y violencia cultural, y aun en contra de considerables resistencias de los pueblos indígenas.

Desde la época colonial las lenguas indígenas de América formaron parte del debate de la política de consolidación del modelo de dominación. De hecho, las posiciones más duras mostraban un menosprecio explícito por ellas, junto a un deseo expreso de extinguirlas. Tomás López Medel, Oidor de Guatemala, escribió en 1550 refiriéndose a la necesidad de expandir el castellano: “Y de esta manera se dará entrada para nuestra lengua y para las cosas de nuestra religión y para desterrar la bárbara lengua de estos[indios], y sus abominables costumbres”. Igualmente, en Perú, el oidor Juan de Matienzo propuso que se forzara a los indios a aprender el español.

Por otro lado se encontraban las posiciones más objetivas y equilibradas, por ejemplo el jesuita José de Acosta escribe en 1588: “hay quienes sostienen que hay que obligar a los indios con leyes severas a que aprendan nuestro idioma […] si unos pocos españoles en tierra extraña no pueden olvidar su lengua y aprender la ajena […] ¿en qué cerebro cabe que gentes innumerables olviden su lengua en su tierra y usen solo la extraña que no la oyen sino raras veces y muy a disgusto?”.[1]

La política pública de castellanización comenzó sus andaduras como un instrumento necesario para la propagación del cristianismo, la evangelización fue el norte cultural de la invasión y la lengua un instrumento de prédica. En los preámbulos de ciertas cédulas incorporadas a la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias se considera a las lenguas nativas incapaces de expresar las complejidades teológicas[2]. Junto a la religión, la tarea de alfabetizar y enseñar el castellano a los millones de nativos del continente constituyó una labor interminable. Cualquier disposición legal colonial orientada a su implantación forzosa estaba condenada de antemano al fracaso.

Por eso, en lugar de operar sobre un enorme conjunto, la Corona apostó por actuar desde arriba de la escala social originaria: fueron creados colegios para los hijos de caciques, donde se enseñaba el castellano. Ejemplos ‘exitosos’ de estas escuelas para hijos de la nobleza indígena fueron los de Tlatelolco, Texcoco (en México), Lima y Cusco (en Perú). La cédula de 1550, recogida en la Recopilación (Libro VI, T. VI, Ley XVIII), dice textualmente: “Que a los indios se les pongan maestros, que enseñen a los que voluntariamente las quisieren aprender, como les sea de menor molestia y sin costa y ha parecido que esto pudieran hacer bien los sacristanes como en las aldeas de estos reinos enseñan a leer y escribir la doctrina cristiana.” [3]

Luzmila Chiricente. Líder Asháninka
Casa de América

Con el tiempo, las campañas de castellanización se fueron haciendo cada vez más agresivas. En 1638, por ejemplo, el obispo del Cusco escribió al rey de España: “es triste cosa que los latinos y griegos diesen su lengua a los vencidos y nosotros no a estos indios”[4]. El Duque de la Palata, virrey del Perú, organizó por su cuenta una ambiciosa campaña educativa en 1685 justificándose en que se hallaba “tan conservada en esos naturales su lengua india, como si estuvieran en el imperio del inca, pues sólo en esa Ciudad de los Reyes y en los valles entendían la castellana, que resultaba en lo político y lo espiritual el mayor impedimento para la crianza de los naturales”. Disgustado por esto decidió ‘sembrar’ los Andes de escuelas rurales en todos los pueblos que tuvieran cura, y dispuso excluir de los cargos públicos, de cacique para abajo, a los indios que ignoraran el español o no lo hubieran enseñado a sus hijos. Igualmente, Carlos III emitió una cédula en 1770 en la que expresaba el afán de desaparecer las lenguas indígenas y de reemplazarlas por el castellano, después promulgó las leyes complementarias de 1778 y 1782 sobre construcción y dotación de escuelas.[5]

Desde la apreciación histórica de esos antecedentes, se puede concluir que el proceso de castellanización es una campaña permanente desde hace cinco siglos -en desmedro de los idiomas indígenas- que ha tomado forma de política de Estado y que se viene aplicando en la actualidad, bajo la anuencia del modelo político de dominación: la Constitución política realmente existente más allá del derecho escrito.

Las políticas públicas de castellanización para la implantación de la religión, usando la alfabetización de los indígenas en ese idioma, tienen su origen en un planteamiento colonial. Y continúan hasta nuestros días basadas en el mito de la escuela. Como explica Montoya, en el siglo XX los herederos de los colonizadores en el poder consideraron que el único modo de ‘civilizar’ a los ‘bárbaros’ o ‘salvajes’ sería a través de la escolarización. El modelo occidental de dominación fue creando lentamente el mito civilizatorio de la escuela a través de la oposición oscuridad–analfabetismo–salvajismo frente a luz–alfabetización–civilización. Bajo este esquema “(…) la escuela significa liquidar las culturas indígenas entendidas como salvajes”[6].

Los procesos de educación formal, después de la declaración de independencia, tuvieron la labor de continuar la campaña de castellanización diseñada en la época colonial orientada a homogeneizar las culturas del país. Basándose en el principio de igualdad -confundido con estandarización cultural- los programas de alfabetización se convirtieron en armas políticas-culturales de los sectores conservadores en poder del Estado, útiles en la lucha para acabar con el ‘problema’ de la diversidad nacional.

La imposición del castellano invadió también la educación superior. Actualmente el sistema educativo dominante tiene valores, categorías conceptuales y modos de pensar provenientes de tradiciones occidentales. Utiliza una multiplicidad de palabras latinas ligadas a la sectorización de la ciencia, con una lógica matemática relacionada a la creación de tecnologías, lo cual explica su postura frente a las culturas nativas. De esta manera se produce un “dislocamiento cultural”[7]. ¿En cuántas universidades se dictan clases en quechua, aymara, harambut, matsigenka?

En esta orientación, se produce la impunidad jurídica de la violación de derechos culturales por parte del Estado. Si se desconocen las diferencias lingüísticas, y se pretende la implantación de un modelo cultural único, se arrinconan varios derechos constitucionales. Por ejemplo el derecho de no ser discriminado por motivo de idioma, el derecho a la identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar”. Se incumple el deber de respetar y proteger la pluralidad étnica (Art. 2°, Constitución 1993).

 

El arcaico modelo político cultural, diseñado en la colonia, persiste hoy en el proceso de expansión e implantación del castellano. Las políticas orientadas a extinguir el uso de los idiomas autóctonos, mediante la enseñanza solo en el idioma de los invasores, es parte central de dicho modelo. Ante esto, las políticas públicas de naturalización del uso social y normalización lingüística para la recuperación, preservación y promoción de los idiomas autóctonos son una necesidad urgente, y una tarea democrática aun no llevada a cabo por el Estado. Ama hina kanqichis, wiraqochakuna!!

---

[1] DE ACOSTA, José; De procuranda indorum salute; Madrid: Colección España Misionera, 1952. Págs. 357–358. [Cfr. SÁNCHEZ–ALBORNOZ, Nicolás; “De las lenguas amerindias al castellano. Ley o interacción en el periodo colonial”; en Colonial Latin Américan Review, Vol. 10, No. 1, 2001. Págs. 49–67.]

[2] “(..) que en la mejor y más perfecta lengua de los indios no se pueden explicar bien y con propiedad los misterios de la fe, sino con grandes absurdos e imperfecciones”. Otros previenen de que los padres transmiten de palabra a los hijos la religión ancestral “se ha tratado y deseado que desde niños aprendiesen la lengua castellana, porque en la suya se dice que les enseñan sus mayores los errores de sus idolatrías, hechicerías y supersticiones, que estorban mucho a su cristiandad”. [Ibíd.]

[3] Sánchez-Albornoz, Óp. Cit. Pág. 51.

[4] KONETZKE, Richard. 1953–1962. Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispano-América. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. Pág. 89 [Cfr. Sánchez Albornoz, Pág. 58]

[5] Ibíd.

[6] Montoya, Rodrigo; “La democracia y el problema étnico en el Perú”, Revista Mexicana de Sociología Vol. 48, No. 3. Jul. – Sep. 1986, Págs. 45–50. Pág. 46.

[7] BERMÚDEZ TAPIA; Manuel; “Pérdida de identidades lingüístico culturales en el Perú”; en Revista Virtual de Antropología. Disponible en la web, a Enero de 2008, en http://www.antropologia.com.br/arti/colab/a5-mbtapia.pdf

Albert A. Giesecke (1883–1968): La modernización indigenista de la Universidad

                                                                                                                Pável H. Valer Bellota

Giesecke (con sombrero blanco) en Cusco 1911
Foto: Archivo Alberto Giesecke

Había cumplido 27 años cuando llegó a Cusco, nombrado rector por el propio presidente de la República. Encargado de reabrir la Universidad Nacional de San Antonio Abad, recesada por el gobierno para aplacar a los estudiantes que se habían rebelado contra los métodos de enseñanza anquilosados, la compadrería como procedimiento de nominación de docentes, y habían propuesto participar directamente en su administración, Albert A. Giesecke, nacido en Filadelfia (USA), se hizo cargo del rectorado -y de esas propuestas insólitas- a finales de febrero de 1910.

Después de instruirse en la Universidad de Pennsylvania, había investigado en las Universidades de Londres, Berlín y Laussane, y obtenido el doctorado en economía en la Universidad de Cornell. Al llegar al centro del mundo quechua, hablaba inglés y alemán como idiomas maternos y era experto en latín, francés y castellano. En aquellas universidades fue alumno de afamados catedráticos de economía y ciencia política de la época, que lo habían interesado en estudios del comercio con América Latina. Venía influenciado por esas experiencias y, de manera especial, por el pragmatismo del filósofo norteamericano William James. 

El nombramiento de Albert A. Giesecke desató enconadas críticas políticas, hasta la medida que tuvo que sortear el pedido de interpelación del Ministro de Educación, por parte del Congreso de la República. Al parecer la ley universitaria de entonces exigía tener 30 años para ser rector. Finalmente, el jefe de gabinete renunció, pero por razones distintas a esa designación, y el asunto espinoso del gringo nombrado Rector en Cusco pasó a segundo plano.

El establishment cusqueño, incluidos los estudiantes, recibió al nuevo rector con recelo y cortapisas. Cinco semanas después de comenzar el rectorado, el Prefecto del Cusco cedió el local de la universidad para que sirviera de cuartel a la tropa reclutada por el ejército para hacer frente a una escaramuza con Ecuador. Era domingo 3 de abril cuando le fue notificado el mandato de desalojo. Albert A. Giesecke envió un telegrama al presidente Leguia quien, luego de media hora, derogó esa orden; había aceptado el rectorado con la condición de contar con el apoyo incondicional del gobierno. La rapidez en la solución del cierre militar de la universidad le ganó la fama de arreglar directamente asuntos de Estado con el Presidente Augusto B. Leguía, desde la humilde oficina del telégrafo provinciano.  

A partir de entonces fueron 14 años en los que administró la UNSAAC dando continuidad democrática y haciendo efectivas las reivindicaciones de la primera reforma universitaria de América (1909).  Burlando la oposición de la élite conservadora cusqueña, abrió sus puertas a toda persona que tuviera aptitudes para estudiar, logró que la universidad admitiera a las primeras mujeres con derecho a recibir todos los títulos y grados académicos. A diferencia de los aristocráticos rectores, Albert A. Giesecke fue muy cercano a los estudiantes: casi a diario, a las seis de la mañana, se le podía ver jugando partidos de futbol, tenis y básquet con ellos.

Envolvió a la universidad en un intenso proceso de modernización a la vez que recuperaba lo mejor de la tradición histórica original. Renovó la biblioteca, reformó los métodos de enseñanza e hizo más estricta la exigencia académica. Contrató como docentes a los mejores alumnos, atrajo a los valores más selectos del medio, sin condicionamientos pero con una orientación: que se estudiara el entorno, que se investigara el contexto social concreto que rodeaba a la facultad. Se hicieron frecuentes las excursiones académicas de investigación a las afueras del Cusco, la universidad escolástica fue dejada de lado, reorientando la mirada de los estudiantes más allá de únicamente los libros y las doctrinas teóricas.

Retrato Albert A. Giesecke ¿1910?
Foto: Archivo Alberto Giesecke

La apertura y la reorganización lograron que la universidad descubriera la realidad peruana: el indígena, el problema de la tierra, la identidad cultural, los planteamientos y el debate sobre la construcción de la nación surgieron como campos novedosísimos para la ciencia. Hizo el primer censo del Cusco, se comenzaron a estudiar los monumentos arqueológicos, el inka antiguo fue ligado con el indio contemporáneo. Desde estos nuevos descubrimientos surgieron los pensadores indigenistas metódicos, nacieron los “nuevos indios”, la llamada “generación de la sierra” que ejerció influencia intelectual durante varias décadas.

Las nuevas ideas se divulgaron a Perú y parte de América gracias a la Revista Universitaria que fundó y comenzó a publicar en 1912. Junto a ésta, Albert A. Giesecke hizo aportes trascendentales a la revalorización del patrimonio cultural prehispánico. Compró para la universidad la colección que Jose L. Caparó Muñiz había juntado en cincuenta años de investigaciones arqueológicas en toda la región y con ella fundó el Museo Arqueológico del Cusco, una muestra preciosa y única del gran nivel civilizatorio alcanzado, hoy llamado “Museo Inka”.    

En 1920, condujo personalmente desde Lima a los delegados que participaron del Primer Congreso de Estudiantes del Perú. Se encargó de organizar su alojamiento –albergó en su propia casa a los lideres–, y logro que el gobierno provea una subvención diaria para todos los asistentes durante las dos semanas que duró el evento. Jorge Basadre, el gran historiador, estuvo entre los delegados: “No olvido la sorpresa que me causó ver cómo Giesecke estaba cerca de los alumnos al extremo de practicar deporte al lado de ellos en contraste con el estiramiento de los catedráticos de Lima y constatar luego la modernización y la ampliación que efectuó en San Antonio Abad”[1]. El Rector de la Universidad del Cusco fue elegido presidente honorario del Congreso de Estudiantes por abrumadora mayoría.

En 1923, después de 14 años, decidió dejar el rectorado: la modernización indigenista había sido concluida con éxito. Sin embargo, fue casi imposible para Giesecke desligarse del Cusco. Se había casado con Esther Matto, una mujer vinculada a sus familias más prominentes, y tenido dos hijos que nacieron allí. Pero sobre todo había sido capturado por la magia, la multiculturalidad, el recuerdo y la promesa histórica de la Ciudad Puma. Llegó a ser su alcalde varias veces.  

Su curriculum como Rector de la universidad del Cusco era atractivo para todo intelectual, patronato o expedición que llegara al Perú a seguir la pista de los Inkas. Se le voceaba incluso como posible primer descubridor de Machupicchu, antes de Bingham, quien solamente habría seguido las instrucciones de Giesecke para llegar a la ciudad perdida[2].

En 1949, por ejemplo, acompañó a Axel Wenner Gren a cuya Fundación había recomendado investigar y recuperar de la maraña Wiñaywayna, Phuyupatamarqa y Sayacmarqa  –tres hermosas ciudadelas monumento inkas cercanas a Machupicchu. Gestionó que la Universidad del Cusco declarara al mecenas doctor honoris causa, por sus aportes a la arqueología, y consiguió que él, en agradecimiento, financiara la creación y el funcionamiento inicial del Departamento de Arqueología, contratando a John Howland Rowe como su primer director.  

Es poco el espacio para describir las actividades extrauniversitarias de Albert A. Giesecke. Convenció a un viejo investigador alemán de Lambayeque para que cediera su colección de 6 mil piezas de excelente calidad, y su propia casa, para fundar el acreditado Museo Brünning (1924).  Adquirió la colección de Victor Larco Herrera para instituir el Museo Nacional de Arqueología y Antropología (1924). Dirigió las primeras excavaciones arqueológicas en Pachacamaq y Cajamarquilla (Lima, 1938). Preparó y organizó la visita de investigación en Cusco de Arnold Joseph Toynbee –el encumbrado historiador de las civilizaciones (1950). Acompañó personalmente a Charlton Heston cuando filmó en Cusco “El secreto de los Incas” (1954). Promovió el turismo facilitando la llegada de los primeros aviones y publicando las inaugurales guías del Cusco.  Fue Director general de Educación del Perú, y agregado de la embajada de los Estados Unidos.

Pero sobre todo fue de esas personas que, teniendo la promesa de un futuro brillante en su lugar de origen, deja todo para descubrir, a miles de kilómetros, que tradición y modernidad pueden conjugarse bellísimamente, que se puede construir una Universidad que irradie al infinito nuestro conocimiento desde un pueblecito instalado en la enormidad los Andes. ¿Quién puede decir que el gringo Albert A. Giesecke, nacido en Filadelfia de padres alemanes en 1883, no es como Saturnino Willka, un ser oriundo, trascendental, que germinó nuevamente en el mismo ombligo quechua de nuestro mundo? Finalmente, uno reformó la Universidad y el otro lideró la reforma agraria.

NOTA:  Los detalles históricos y fotografías para este artículo fueron tomadas del libro:
RUBIO CORREA, Marcial A.; Albert Annthony Giesecke Parthymueller: “El más peruano de los norteamericanos”; Ed. Alberto Giesecke Matto, impresión Nova Print, Lima 2007.

---

[1] BASADRE, Jorge; La vida y la historia; Ed. Industrial Gráfica S.A, Lima 1981

[2] GADE, Daniel W.; “Albert A. Giesecke (1883–1968) A Philadelphian in the Land of the Incas”;  Expedition;Vol. 48 Nº 3, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology; Winter 2006.  Disponible en: http://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/48-3/Gade.pdf  [accesado 6/10/2013]