Justicia y verdad sobre los hechos de Bagua: manifiesto de organizaciones sociales.

                                                                                                                             Pável H. Valer Bellota
Las organizaciones sociales continúan reclamando justicia y verdad sobre los hechos de Bagua.

La comunidad internacional sigue pronunciándose masivamente sobre la masacre de Bagua. Un total de cincuenta y nueve (59) organizaciones sociales –la mayor parte de ellas ONGs de España, algunas peruanas, argentinas y alemanas- han emitido recientemente (28 de julio) un comunicado en el que consideran que la situación de desconocimiento y vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sigue produciéndose en el Perú desde aquel sangriento 5 de junio.

Los hechos negativos para los derechos de los pueblos originarios amazónicos tienen, de acuerdo a estas organizaciones sociales, dos fuentes: primero, el desconocimiento del derecho a saber la verdad de los sucesos ocurridos, y segundo, la persecución política, mediática y judicial de la que son objeto los dirigentes de las organizaciones indígenas.

Este pronunciamiento podría ser considerado por quienes tienen el poder político como “uno más en el océano global”, sin embargo su importancia radica en que sus consideraciones no se alejan de la verdad y -mas importante- son casi coincidentes con las recomendaciones del informe sobre Bagua emitidas por el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los Pueblos Indígenas .

Es un hecho patente que los dirigentes de los pueblos indígenas vienen sufriendo una persecución, principalmente judicial, por parte del Estado peruano. Los procuradores (abogados asesores) de los ministerios de Justicia[1] y Energía y Minas –bajo las indicaciones expresas de los anteriores ministros- han redactado sendas y severas denuncias en contra de los dirigentes de la AIDESEP, organización de los indígenas amazónicos que ha liderado las recientes protestas contra los decretos del gobierno, algunos de los cuales han sido declarados inconstitucionales por el propio Congreso de la República.

El 37 Juzgado de Lima y el Juez penal de Utcubamba, siguiendo también -de manera indirecta- las indicaciones de esos ministros y –directamente- las denuncias de aquellos procuradores; haciendo su trabajo sin un ápice de crítica y ubicación social, convirtiéndose así en una picota más del Leviatán peruano perseguidor de “ciudadanos de segunda categoría” y colonizador de “salvajes” –bajo el manto del apego irrestricto a la ley escrita-; han abierto investigación judicial en contra de los dirigentes indígenas y varias decenas de manifestantes, por delitos de homicidio, lesiones, atentado contra los medios de transporte, delitos contra los poderes del Estado (motín), contra la tranquilidad pública, contra la seguridad pública (tenencia de armas) y contra el patrimonio del Estado, etc. Una muestra escandalosa de estos casos judicales es el proceso penal abierto en contra del líder indígena Santiago Manuin Valera, quien en el momento en que se produjeron los hechos ya se encontraba inconsciente, con ocho balas disparadas desde los fusiles AKM de la policía nacional incrustadas gravemente en su cuerpo.

Esos mismos jueces debieron también, hace rato ya, haber abierto investigación penal contra los funcionarios del Estado peruano (por ejemplo, Presidente de la República, Ministros de Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Energía y Minas, Generales y Mandos de la Policía Nacional, efectivos policiales, incluso miembros del Congreso de la República, etc.) que podrían haber tenido la responsabilidad de instigar -o ser "el hombre de atrás"- de dar las órdenes directas y ejecutar las acciones para que se produjeran los hechos sangrientos de Bagua. Sin embargo no lo han hecho aún, y lo más probable es que nunca lo hagan. Así es el comportamiento del Estado constitucional del Perú, un cíclope de ojo bisojo que mira acusando al lado de los débiles y subordinados, que adula y absuelve a los poderosos y hegemónicos ¿Dónde esta el principio constitucional de la igualdad ante la ley de los ciudadanos peruanos?

Por otro lado, una de las recomendaciones del informe el Informe del Relator Especial sobre “La situación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las Provincias de Bagua y Utcumbamba, Perú”[2] es que se conforme una comisión independiente que de cuenta de estos hechos y sus causas profundas.

Esto se está concretando en parte: el Congreso de la Republica ha conformado una comisión multipartidaria de investigación, pero no se ha llegado a instalar hasta hoy 29 de julio de 2009, y lo más probable es que no llegue a hacerlo debido a intereses políticos particulares, o que sus conclusiones sean sesgadas, inclinadas una vez más a exculparse a sí mismos.

La comisión de investigación más importante por su mayor legitimidad social es la que se está conformando en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Amazónicos, institución organizada después de la matanza de Bagua para establecer el dialogo entre los indígenas y el gobierno. Este grupo es conocido también como Mesa de Diálogo de la Selva, en la que intervienen miembros del Estado peruano y representantes indígenas.

La Mesa de Dialogo, después de varios días de deliberaciones, ha acordado la conformación de una “Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua” con participación de representantes del gobierno y de los indígenas, sin embargo el acuerdo no termina de cuajar, y esta comisión aun no logra instalarse definitivamente [3].

Sería también muy interesante y saludable para la democracia en el Perú que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigara la matanza de Bagua y emitiera también un informe detallado.

La verdad sobre Bagua debe saberse, esta es una exigencia democrática incontestable; pero con los dirigentes indígenas perseguidos, aplastados con los juicios que se les han abierto, y algunos de ellos en el exilio, cabe sospechar que al final puede que haya verdades de algunos que pesen más que la propia verdad.

[1] http://www.minjus.gob.pe/prensa/detalle.asp?strNoticiaId=00676
[2] El informe puede verse en: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=2270#more-2270
[3] http://institutodelperu.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=662&Itemid=130

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Aqui va el comunicado:

Comunicado de organizaciones sociales en relación con los acontecimientos en Perú

Las entidades abajo firmantes queremos expresar nuestra denuncia de la situación de desconocimiento y violación de los derechos de los pueblos indígenas que se sigue produciendo en Perú.

Tras los graves acontecimientos sucedidos en la ciudad de Bagua el pasado 5 de junio, ampliamente denunciados por la comunidad internacional, entendemos que el Gobierno del Perú no ha impulsado medidas suficientes para el esclarecimiento imparcial de los hechos, el resarcimiento a las víctimas y el establecimiento de un diálogo genuino, transparente y sincero. Más aun, vemos con especial preocupación el incremento de la persecución política, mediática y judicial de dirigentes y pobladores indígenas y de personas e instituciones que les dan apoyo. Remarcamos que la persecución se está centrando precisamente en los dirigentes indígenas que deben ser los interlocutores de ese diálogo.

Ante las nuevas peticiones de asilo político de otros dos dirigentes de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que vienen a sumarse a la situación de su Presidente -asilado político en Nicaragua-, así como las órdenes de detención y procesamiento judicial que el Gobierno ha activado mediante denuncias del ministerio fiscal, denunciamos el hostigamiento y la persecución de los indígenas ante el legítimo reclamo de ejercer sus derechos individuales y colectivos. Todo esto supone el irrespeto más absoluto de las bases para el diálogo político y demuestra que el Gobierno no tiene una verdadera intención de establecer un cauce legítimo para la resolución de los problemas.

En relación con los sucesos de Bagua recordamos que, tanto el Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas como la misión de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), han recomendado la urgente necesidad de una investigación de los hechos por parte de una comisión. El objetivo del informe elaborado por la Defensoría del Pueblo era la realización de un seguimiento de la situación humanitaria en la zona y no puede considerarse, como la propia Defensoría ha subrayado, una investigación de lo ocurrido. Urgimos al gobierno de Perú a cumplir las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y conformar de inmediato la comisión, con una composición que garantice la completa objetividad e imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos. Recomendamos que se incluya en la comisión a representantes de organismos internacionales de derechos humanos con experiencia relevante y representantes de los pueblos indígenas.

Subrayamos que sin que tal investigación haya concluido, no pueden establecerse conclusiones sobre lo sucedido en Bagua, por lo que denunciamos la presentación de versiones sesgadas y juicios paralelos que tanto el gobierno como medios de comunicación del Perú están realizando. Recordamos la existencia de numerosos detenidos en relación con los hechos que difícilmente pueden tener un juicio justo y con garantías sin que se haya realizado una investigación imparcial y creíble.

Recordamos que las causas últimas del conflicto en Perú, se encuentran en la defensa de los derechos sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas, reconocidos en el derecho internacional, frente a las políticas del ejecutivo peruano para la entrega a las multinacionales extractivas de dichos territorios. La Defensoría del Pueblo del Perú ha subrayado la existencia de un factor estructural que desaconseja el inicio de actividades extractivas en territorios indígenas debido a la falta de controles para vigilar y prevenir la contaminación ambiental. Hasta el propio Banco Mundial ha llegado a afirmar que “la voluntad política aún sigue siendo muy débil para atender la problemática ambiental minera y resolver la contradicción que se percibe entre promover y regular la actividad minera”, mandatos compartidos por el Ministerio de Energía y Minas.

Por último subrayamos la necesidad de que toda la comunidad internacional inste al Estado peruano a aplicar las diferentes recomendaciones y observaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas emitidas por diversos organismos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en especial las de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la aplicación del Convenio 169, las planteadas por el Relator Especial en su visita y las comunicaciones enviadas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Consideramos que, hasta el momento, todas estas recomendaciones han sido desoídas.

Organizaciones firmantes:
ACSUD – Las Segovias del País Valencià

Almáciga Grupo de Trabajo Intercultural

alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas

Mugarik Gabe

Adhesiones:
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura

ACSUR Las Segovias, Estado español

Alter Nativas AMA -

Asociacion Indigena del Perú

Amics de Palanques Área de Estudios en Educación Aborigen,

Universidad Nacional de Luján, Argentina

Asian Indigenous Women's Network Asociación

ARTEGALIA

Asociación Nuevos Colectivos de Catalunya

Asociación Winay, Peru

Asociación de Codesarrollo Wiñay, Barcelona

Associació Catalana d' Enginyeria Sense Fronteres

Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya

BUNDjugend Baden-Württemberg, Alemania

Campaña de Afectados por RepsolYPF

CIC – Batá CIEMEN CEDSALA -

Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, País Valencià

Centro de Estudios Amazónicos

Col·lectiu Auntònom de Treballadors y Treballadores, País Valencià

Col·lectiu Maloka

Col·lectiu zapatista "El Caragol", València

Comitè de Solidaritat amb els Pobles d'Amèrica, Menorca

Comité Regional de Vigilancia en Salud Junin

Comunidad Nativa Mariscal Caceres

Consell local de la Joventut d'Ontinyent DESOS Opció Solidària

Entrepueblos/Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte

Ecologistes en Acció, València

Emisora cultural ARTEGALIA RADIO

Espacio colectivo Alfar, Argentina

Esquerra Unida del País Valencià

Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans

Forosalud Junin

Fundación Alianza

Fundació PROIDE

dación Tebtebba, Filipinas

InteRed Catalunya Intersindical Valenciana IPES Elkartea, Navarra

La Lliga dels Drets dels Pobles

La maldición de Malinche de Ràdio Klara

Mejora - Economía Solidaria

Marxa Mundial de Dones de Catalunya

Observatorio de Multinacionales en América Latina -

Paz con Dignidad

ONGD Túpay, País Valencià

Plataforma Q'atary Perú

Portal Amazonia Mágica

Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana de AIDESEP

Red Ambiental Loretana, Peru

Revolta Global-

Esquerra Anticapitalista Sodepau del País Valencià

SOLIVE València Solidària -

Pau Ara

Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització

La resaca del cíclope: la respuesta judicial del Estado a la masacre de Bagua.

Pável H. Valer Bellota

Después de más de un mes de la intervención policial represiva de la huelga de los pueblos indígenas amazónicos ha llegado la hora de la resaca del cíclope, la respuesta judicial del Estado a los hechos sangrientos y espeluznantes, que mira y acusa hacia un solo lado con su ojo único.

No se sabe exactamente cuántas han sido las personas muertas resultado de la intervención de las fuerzas policiales del Estado peruano para reprimir una protesta indígena pacífica que exigía la derogación de leyes inconstitucionales. Algunas fuentes de ONGs que trabajan en el terreno (p.ej. Amazon Watch) reportaron un número superior a varias decenas de indígenas muertos. El Gobierno reconoció “solo” nueve, y ha rendido honores a veinticuatro policías que perdieron la vida.

Al final la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe que da cuenta de las consecuencias de aquel 5 de junio: “33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores y cinco indígenas); 83 personas detenidas; 200 personas heridas que recibieron atención médica de hospitales del Ministerio de Salud y de EsSalud; y 1,244 indígenas que retornaron a sus comunidades nativas, luego de haber sido empadronados por el Ministerio Público. [1]

Sin embargo el número de víctimas fatales entre los huelguistas indígenas es indeterminado aún, podría ser mayor ya que no se permitió a los deudos ir en busca de los cadáveres de sus familiares muertos y una comisión conformada por el representante del ministerio fiscal, la iglesia y la misma defensoría del pueblo fue impedida por la policía, en momentos posteriores a los hechos, de inspeccionar la zona. Informes de organizaciones de derechos humanos recogen el relato de testigos que han visto arrojar cuerpos desde helicópteros al río y a barrancos de imposible acceso en la selva.El gobierno ha declarado el Estado de emergencia de varias provincias en Perú en la que los indígenas vienen protestando–es decir se han restringido varios derechos humanos en esas provincias- para recuperar el “orden” democrático. La intervención del Estado, del gobierno, para aplacar a sangre y fuego las protestas indígenas ha sido calificada de insensatez extrema por una buena parte de la intelligentsia peruana.

La respuesta legal-judicial no se ha hecho esperar, casi de inmediato toda una pléyade aldeana de fiscales y jueces se pusieron a hacer su trabajo, la Defensoría del Pueblo informa que: “Se tomó conocimiento del inicio de cuatro procesos penales: tres de ellos en contra de personas mayores de edad (84 procesados) y uno por infracción a la ley penal contra dos adolescentes de 16 años. Del total de 84 imputados, 41 han sido objeto de mandato de detención; de ellos, 18 se encuentran recluidos actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Huancas, Chachapoyas. Otros 43 cuentan con mandato de comparecencia.”
En resumen: el Estado peruano ha iniciado procesos judiciales a quienes el poder político del mismo Estado achaca la responsabilidad de los hechos: a los indígenas, a la población civil, a los dirigentes de la organización indígena (AIDESEP).

No se sospecha siquiera en la mente de esos fiscales y jueces que haya ninguna responsabilidad de los hechos más allá de quienes reclamaban la derogatoria de leyes anticonstitucionales y por lo tanto la vigencia del Estado constitucional de derecho. Se responde de esa manera de una forma legal-judicial represiva –disciplinaria- contra los indígenas que protestaban contra una actuación ilegal del Estado.

El poder judicial ve por el único ojo del Estado-cíclope que aguza su vista a un solo lado, en contra de los ciudadanos de a pie. ¿Y qué de la responsabilidad criminal del Estado mismo, qué de la responsabilidad penal de los ministros, de los mandos de la policía, de los congresistas oficialistas que se resistieron hasta la obstinación a dar la respuesta legal que al final tuvieron que dar luego del derramamiento de sangre: la derogación de los decretos inconstitucionales que motivaron la protesta? Hasta ahora ninguno de los ministros implicados ha sido declarado responsable políticamente, más aún: el Congreso los ha absuelto.

Tiene razón Bartolomé Clavero cuando afirma que en el Perú, respecto a los indígenas, se aplica una especie de derecho penal del enemigo que consiste en la tipificación de delitos, previsión de penas y organización de procedimientos que se diseñan y aplican como arma de ataque contra algún grupo humano. En el Perú existe un derecho penal del enemigo contra indígenas que se muestra en la práctica tras la masacre de Bagua. Este esquema tiene características que anulan el derecho a defenderse de la aplicación del mismo derecho penal del enemigo. El enemigo, si se defiende, asesina, mientras que el amigo, si ataca, obra conforme a derecho.[2]

Como se infiere de las cifras del arriba citado informe de la Defensoría del Pueblo, el Estado peruano ha cargado la responsabilidad de los hechos solamente a los indígenas enemigos, a la población civil enemiga. Recientemente el 37 juzgado penal de Lima ha emitido una orden de detención contra los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Alberto Pizango, Marcial Mudarra Taki, Saúl Puerta Peña, Cervando Puerta Peña y Teresita Irene Antaza López. ¿Y qué de las actuaciones ilegales del Estado, de las violaciones de los derechos humanos que ha significado la masacre de Bagua? La actuación del poder escorada hacia un solo lado, el Estado cíclope que mira con desprecio al enemigo ciudadano y con admiración a quien tiene el poder, ese “Estado de Derecho” devaluado e incompleto que algunos políticos, fiscales y jueces defienden, se torna ilegal[3]. En estas condiciones es anulado o disminuido considerablemente el derecho de resistencia de las minorías culturales en una situación a la que Gargarella denomina alienación legal cuando el Derecho comienza a servir propósitos contrarios a aquellos que justificaban su existencia.[4]

La represión sangrienta de los reclamos indígenas y la restricción de derechos fundamentales de la población autóctona del Perú es parte de una “normal” actuación histórica de parte del Estado respecto a sus “minorías” étnicas, mas cuando éstas reclaman algún derecho de manera organizada. Aunque no es el caso, es necesario recordar que la Comisión de la Verdad ha detallado cómo en la guerra interna que desangró al Perú entre 1980-1992 la actuación del Estado y de los grupos armados se cebó con personas integrantes de pueblos indígenas, alrededor de 70% de las víctimas de esa guerra fueron personas cuya lengua materna era el quechua.

Se entiende entonces que la acción del Estado peruano en este caso es parte de un continuum histórico que se puede remontar a varios siglos atrás. Los pueblos indígenas vienen sufriendo esta clase de hechos desde hace más de 500 años, y la estrategia general no ha cambiado mucho: explotar la mano de obra indígena, expoliar sus recursos naturales, despojarles de su territorio, de sus bienes materiales y de su alma, no escuchar demandas justas de los pueblos “salvajes”, restringir sus derechos, reprimirlos enfrentando pueblo contra pueblo, acallar sus demandas sangrientamente y volver a empezar.

El Estado colonial y los colonizadores sólo han cambiado de máscaras. Algunos de ellos, antes se llamaban Rey de España, Virreynato del Perú, Virrey del Perú, Encomendero, Corregidor, Armada Real de su Majestad; ahora se llaman Ejecutivo de Gran Empresa Transnacional, República del Perú, Presidente del Perú, Primer Ministro, Ministro del Interior, Presidente del Congreso de la República, etc.

Y todo este tinglado para continuar con un esquema de producción y de organización política que tiene sus bases en una idea colonial del Perú. Antes el colonizador era externo, ahora respecto a los pueblos indígenas el colonizador viene de la misma Republica del Perú, hacia las regiones con ingentes recursos naturales, hacia los territorios indígenas.

Las causas de la masacre de Bagua, entonces, van más allá. Ésta ha sido la punta del iceberg de una actuación sistémica organizada, maquinada, pensada ordenadamente, y ejecutada por parte del Estado para no dar una respuesta política adecuada, de acomodación consensuada de las diferencias, –como deben ser las respuestas en los estados constitucionales democráticos de derecho- a las demandas justas y legales de los pueblos indígenas. Después viene la tonelada de papeles de los expedientes de los juicios con los que quieren enterrar a los dirigentes indígenas.

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[1] http://www.defensoria.gob.pe/busqueda.php?clave=bagua
[2] http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1609
[3] Mattei, Ugo; Nader, Laura: Plunder: when the Rule of Law is Illegal, Wiley-Blackwell, 2008
[4] Gargarella, Roberto; “El derecho de resistencia en situaciones de carencia extrema”; en Astrolabio revista internacional de filosofía, Núm. 4, Año 2007. pp. 1-29.