viernes, 30 de diciembre de 2011

La justicia global contrahegemónica: los casos de Majaz (Perú) y la 'sentencia del siglo' de Ecuador.

Un nuevo grupo de resoluciones y sentencias vienen mostrando claramente la existencia de lo que algunos teóricos del Derecho han denominado justicia transnacional o justicia global para referirse a un fenómeno caracterizado por llevar las disputas judiciales a instituciones internacionales y/o a juzgados de países diferentes en los que se inició el conflicto y la resolución legal del mismo. Se trata sin duda de una transnacionalización de la administración de justicia que ha sido originada por los procesos de globalización.

Tradicionalmente, desde mediados de las tres últimas décadas del siglo XX, como parte de las condiciones de inversión de capitales de empresas transnacionales, se han impuesto a los diversos Estados –generalmente de países empobrecidos del Tercer Mundo– acuerdos o “convenios de inversión” con clausulas para evitar que sus juzgados se ocupen, como es previsto por las leyes procesales nacionales comunes, de la resolución de los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir en la explotación de los recursos naturales. Dichas condiciones excepcionales, contenidas en los llamados “contratos ley”, generalmente son inmodificables e incluso están blindadas legalmente por reformas de Derecho Constitucional. De esta manera, en muchos casos se acuerda que los posibles juicios sobre aspectos de inversiones de grandes capitales sean resueltos directamente por juzgados de los países en los que las empresas transnacionales tienen sus sedes centrales o en los que se les otorga ventajas en el litigio ante terceros países (por ejm. en el Reino Unido, USA, Japón).

En la mayoría de casos, los convenios de inversión acuerdan llevar dichas disputas a instituciones internacionales especializadas. Dos terceras partes de los conflictos que surgieron, desde mediados de 1970, en los Estados que increparon las condiciones de inversión de los grandes capitales en la explotación de sus recursos naturales, han sido derivados a organismos internacionales como el Centro Internacional para el Arreglo de las Disputas en Inversiones, impulsado por el Banco Mundial[1].
En el mundo de las inversiones de grandes capitales para la explotación de recursos naturales este es un ejemplo del modelo de justicia transnacional impuesto a los países periféricos empobrecidos por los intereses del mercado; es un modelo de justicia internacional vinculado a la globalización hegemónica, que sirve centralmente a los intereses de los poderosos.

Sin embargo, existen grietas en este edificio legal hegemónico. La globalización del Derecho presenta también respuestas que se inspiran en el cosmopolitismo y en la defensa del patrimonio (o herencia) común de la humanidad. Estas contestaciones son expresión de la globalización contrahegemónica que se enfrenta a nivel global a los procesos de exclusión social. Dichas resistencias toman diferentes formas como nuevos movimientos sociales, organizaciones de defensa de los derechos humanos, redes transnacionales de advocacy; es decir, son nuevas formas de internacionalismo que buscan contrarrestar la exclusión social, abrir nuevos espacios para la participación democrática y la construcción de alternativas democráticas a las formas de desarrollo dominante.

La justicia global contrahegemónica se ha valido de este nuevo internacionalismo para obtener en 2011 dos victorias frente a enormes empresas mineras y petroleras. La primera se refiere a la demanda de los indígenas de las comunidades Segunda - Cajas y Yanta torturados en 2005 por empleados de una empresa minera en Majaz (Perú)[2]. En este caso la compañía minera Monterrico Metals, matriz de la empresa Río Blanco, en Junio de 2011 ha sido prácticamente obligada –para evitar el escándalo del litigio público– a comprometerse judicialmente a pagar cuantiosas compensaciones a 32 campesinos que fueron víctimas de tortura entre el 1 y 3 de agosto del año 2005,  y también a la familia del indígena que murió como consecuencia de dichos actos de violencia. El monto de dichas compensaciones no se ha hecho público, pero deben de haber alcanzado una importante suma tomando en cuenta que en el proceso judicial los activos de la empresa  minera inmovilizados por un juzgado inglés sumaban 8 millones de dólares USA.

La demanda judicial contra Monterrico Metals fue interpuesta ante un juzgado del Reino Unido en noviembre  de 2009 luego de que el Centro Legal de Defensores del Medioambiente[3], una ONG con base en USA que identifica casos en los que los defensores del medioambiente necesitan de asistencia legal y luego moviliza abogados de sobresalientes bufetes para que los representen,  se puso en contacto con la firma legal inglesa Leigh Day & Co, y coordinó el patrocinio legal en el Reino Unido de los indígenas con ONGs peruanas: la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.[4]

Como se ve, esta victoria legal de los nuevos movimientos sociales que impulsan nuevos paradigmas de la defensa de la democracia y la ampliación de los derechos humanos, fue producto de una coordinación legal que se desplegó a nivel internacional y que contó, más allá del clásico entorno de ONGs, con la participación de una  importante firma de abogados. Hay que destacar que Leigh Day & Co es una nueva clase de estudio jurídico, una verdadera empresa legal, que cuenta con más de 100 profesionales que se dedican a la exigencia a nivel internacional de cuantiosas reparaciones civiles (compensaciones pecuniarias) por transgresiones a los derechos humanos.

Otra victoria de la justicia global contrahegemónica es la que obtuvieron las comunidades indígenas ecuatorianas que mantienen desde hace veinte años un pleito contra la petrolera Chevron (antes Texaco) por delitos contra el medioambiente. La empresa petrolera fue acusada de derramar cantidades geológicas de vertidos tóxicos de petróleo en la selva virgen. En febrero de 2011 se hizo pública la sentencia del tribunal de Lago Agrio (Ecuador) que condena a Chevron-Texaco a pagar una reparación civil de 18 mil millones de dólares como compensación por el desastre ecológico causado por sus actividades en la Amazonía (en la provincia de Sucumbíos), y además a pedir disculpas públicas por afectar y dañar irreversiblemente la salud y la vida de los pueblos indígenas en los 26 años que operó en Ecuador.

La demanda fue interpuesta por el Frente de Defensa de la Amazonia[5], un grupo de organizaciones de base y de comunidades amazónicas que busca defender la naturaleza en Ecuador, que incluye colonos y cinco pueblos indígenas, Siona, Secoya, Cofán,  Huaorani y Kichwa divididos en 80 comunidades, sumando más de 30.000 afectados. Al principio, el juicio tuvo que superar procedimientos que duraron más de diez años en las cortes de Estados Unidos, hasta que decidieran que la transnacional Chevron-Texaco debía someterse a los juzgados  ecuatorianos; el proceso en Ecuador se inició en Mayo del 2003 en la ciudad de Lago Agrio. 

Dicha sentencia está actualmente en complicados trámites de exigencia de su cumplimiento. La empresa Chevron-Texaco logró que un juez de Nueva York declarase "inejecutable" en Estados Unidos la sentencia emitida por el tribunal ecuatoriano, esta decisión impedía que la indemnización pudiera cobrarse con bienes de Chevron en territorio estadounidense. En setiembre de 2011, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó esa decisión[6]. Por otra parte la petrolera estadounidense Chevron-Texaco ha demandado al Gobierno de Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países.

Estas dos victorias de la justicia transnacional contrahegemónica muestran notoriamente el nacimiento de una nueva forma de ejercicio del Derecho, la llamada defensa de causas sociales (cause lawyering) con la peculiaridad de que su patrocinio se hace en el ámbito internacional, implicando a organizaciones populares de base, a un tejido de ONGs de salvaguardia de los derechos humanos, a un nuevo tipo de empresas legales que sin renunciar al lucro buscan defender a los expulsados del contrato social oligárquico.

Los casos de Majaz (Perú) y la “sentencia del siglo” de Ecuador son dos ejemplos de que es posible, y necesario, impulsar y organizar una forma de globalización e internacionalismo que sirva a los intereses de los más débiles, que propugne los valores de la Democracia real y participativa, además de un modelo de desarrollo diferente al impuesto por el mercado a ultranza, y que sea respetuoso del medioambiente. Los procesos contemporáneos de globalización contrahegemónica del Derecho son una realidad imparable, con sus miles de pequeñas conexiones globales abren grietas importantes que favorecen la búsqueda de la justicia, la construcción de la democracia y que dejan ver algo de luz del día en la noche oscura de los pueblos.     


[1] http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp
[2] http://www.pavelvaler.blogspot.com/2009/11/justicia-transnacional-y-deficit-de.html
[3] http://www.edlc.org/es/
[4] http://www.leighday.co.uk/News/2011/July-2011/Demandantes-peruanos-por-torturas-indemnizados-por
[5] http://www.texacotoxico.org/
[6] http://www.elpais.com/articulo/sociedad/tribunal/EE/UU/falla/Chevron/caso/contaminacion/Ecuador/elpepusoc/20110920elpepusoc_9/Tes


MAS INFORMACIÓN:

FOTO: Lou Demattis  y  Kayana Szymczac.  Crude Reflections.

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