martes, 4 de junio de 2013

El derecho político, el 'yachaq' Arguedas y los juristas.

Portada de "Los Ríos Profundos"
Retablo de Papel, Lima 1972
El descubrimiento del indígena fue el mayor logro de las ciencias sociales peruanas del siglo XX. Este hallazgo fue una ruptura con la ideología conservadora de los todopoderosos doctores, adueñados de las instituciones hegemónicas de producción de conocimiento, que construían la realidad con un imaginario monocolor: una sociedad de una sola cultura, la criolla-hispana. 

La ruptura ideológica con el imaginario social hegemónico tiene en José María Arguedas, el sobresaliente intelectual quechua, un exponente antropológico y literario de la necesidad -el compromiso- de orientar el enfoque, la inspiración y la proyección de las ciencias sociales hacia los temas específicos de la multiculturalidad -y el indio- recién descubiertos: “Nuestro plan es oponer la producción nuestra a las del otro bando. ¿Cuál es la literatura verdaderamente representativa del Perú? ¿Cuál es la que vale? Demostraremos que la nuestra; frente a esa producción endeble, mediocrísima y artificiosa de ellos; mostraremos la nuestra; plena de vida, llena de juventud y de un valor artístico y humano indiscutible. Ese es nuestro plan”.[1]

En la investigación jurídica, sin embargo, la valoración del enfoque verdaderamente “nuestro”, la apreciación del estudio de la realidad social peruana heterogénea culturalmente, compuesta por varias naciones y grupos étnicos, es nueva y se podría decir casi ausente. Esta ausencia de la multiculturalidad en la investigación jurídica está emparentada con la idea de que es normal desconocer, negar, la existencia de todo un pueblo fundado históricamente, y ningunear su cultura. 

Antitéticamente a dicho desconocimiento, para José María Arguedas, el papel de los intelectuales en la formación de un nuevo saber, de una nueva conciencia nacional reintegrada con el hecho indígena, es fundamental. Su obra está orientada a exigir a los doctores que sean fieles al pueblo: “que beban en el pozo de sus tradiciones míticas, comunitarias y no competitivas, asimilando las grandes ideas y técnicas de la cultura occidental; sólo así serán creativos y no sólo sus imitadores”. [2]

Este llamado inaplazable a la autenticidad debería implicar un cambio que amplíe el método y el campo del Derecho Público. Ahora éste necesita describir y explicar –desde un punto de vista sociológico, cultural, y tomando en cuenta los aportes de la ciencia política– las causas y las consecuencias del Derecho Constitucional. Es imperioso dar respuesta a la pregunta general de ¿Cómo ha sido y es hoy el Derecho Constitucional respecto a la diferencia cultural/nacional de los ciudadanos?; y específicamente es esencial contestar a interrogantes como ¿Cuáles han sido las bases culturales e ideológicas que han fundamentado su elaboración y desarrollo? ¿A favor de qué grupo cultural se ha construido el Derecho Político en los países de nuestra América?

Esas preguntas son novedosas en las investigaciones sobre el Derecho Constitucional. Son cuestiones que parecen provenir más de la antropología que de una inspiración jurídica, que por lo general se ha centrado única y casi exclusivamente en el estudio de la norma positiva (la ley escrita). Y aun dentro de la antropología estas preguntas son nuevas, ya que el estudio desde esta ciencia del fenómeno jurídico y político –específicamente de la investigación del Derecho y su relación con los órdenes de la cultura– es una tarea aun pendiente. Las ausencias de dichos temas en el Derecho y en las ciencias sociales representan un motivo de vergüenza intelectual en vista a nuestra enorme multiculturalidad. 

Es que el hecho multicultural, en países postcoloniales como el Perú, ha sido tradicionalmente negado, escondido, invisibilizado, olvidado. Fue convertido por los grupos sociales hegemónicos en muestra de ‘atraso’, de vergüenza atávica, en fuente de una ‘utopía arcaica’ que había que desaparecer si se quería alcanzar el añorado ‘desarrollo’ social y cultural. Ese ha sido el discurso retrógrado del poder, la fuente de su legitimidad, la herramienta justificativa de su Derecho. 

Muchas han sido las voces que se han levantado contra esa legitimidad negadora del otro. Éstas han provenido mayormente de la antropología, de la historia, de la sociología; pero de manera aún tímida recientemente empiezan a asomarse a los estudios del Derecho. Las voces críticas han sido fundadas por disciplinas diferentes a los estudios del campo jurídico.

En un conocido discurso, al recibir uno de los galardones con los que fue premiado a lo largo de su vida por su obra antropológica y literaria, José María Arguedas, dijo “(…) yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua (…)”. 

La reivindicación emancipadora de la multiculturalidad propuesta por Arguedas, prototipo del  nuevo indio ilustrado del siglo XX, inspira desde la segunda mitad de ese siglo, las investigaciones centradas en el indio y desde el punto de vista del indio. Es evidente que el descubrimiento de la realidad multicultural –la existencia del ciudadano indígena– reclama hoy desesperadamente a los investigadores del Derecho hacer nuevos hallazgos relacionados con el reconocimiento de dicha diversidad cultural. 

Pero no es tarea fácil para el (la) investigador(a) del campo jurídico, muchas dificultades conspiran contra ésta empresa. Tal vez la dificultad más ardua de superar es la concepción imperante en la academia respecto a la delimitación arbitraria de la "materia del Derecho", es decir lo que se supone deben de ser los estudios del Derecho. Lo que se enseña en las facultades peruanas (y de la mayor parte del mundo) sobre el campo jurídico es sólo una pequeña parte de él, su porción positiva y dogmática, dejando de lado y/o restando importancia a la enseñanza y a la indagación íntegra del fenómeno jurídico, desdeñando la investigación empírica y los métodos que puedan dar cuenta de las condiciones sociales completas del Derecho.

No hemos aprendido los juristas aun a fijarnos en la realidad existente más allá de la ley escrita, a situarnos, al menos momentáneamente, fuera del sistema dogmático jurídico para apreciar el fenómeno social llamado Derecho en su integridad. Esta visión del Derecho con un solo ojo ha originado que casi todos los estudios  sobre la ley desechen de sus enfoques una mirada a la realidad social, excluyan considerar que el Derecho más allá de ser precepto es también un fenómeno social, es el producto político de una negociación (o imposición) que busca la construcción y legitimación de una hegemonía determinada.[3] De allí al desconocimiento de la multiculturalidad no hay más que un paso. 

Por ello, es importante ponderar el sentido empírico del Derecho, hacer un análisis de las causas y los efectos fácticos concretos de la existencia de un único orden jurídico-político en medio de una sociedad multicultural caracterizada por la pluralidad de identidades étnico-nacionales, investigar sus condicionantes (históricos, económicos, políticos, ideológicos), y también sus efectos sobre esos condicionantes. 

Se debe tener claro que el Derecho es un mecanismo de hegemonía y un instrumento de control social, que se ha construido y ejercido históricamente en el Perú al margen de un gran segmento de ciudadanos a quienes se les ha negado su participación en la constitución de la sociedad política, debido a su identidad étnico-nacional. 

Con estas consideraciones, el Derecho puede ser -y debe transformarse- en un mecanismo y un instrumento de liberación, de emancipación social, de construcción de la hegemonía pública democrática. Para esta tarea es necesario transformarlo en un Derecho humilde, un Derecho construido desde abajo y para los de abajo, un Derecho que reconozca al otro culturalmente diferente en un marco de producción democrática de la norma jurídica que integre el pluralismo emancipatorio.[4] 

El Derecho, y las ciencias sociales en general, deben dotarse de una nueva y más actual agenda de investigación a tono con el reconocimiento de la diversidad cultural. Dicha agenda nueva se hace aun mucho más necesaria si se toman en cuenta los procesos sociales y políticos –culturales– que se están desarrollando en la historia contemporánea. El nuevo indio renace en América Latina. 





NOTA DE TRADUCCIÓN: Yachaq. adj. y s. Persona que sabe; sabedor, conocedor, instruido; educado, ilustrado, amaestrado, adiestrado.” ACADEMIA MAYOR DE LA LENGUA QUECHUA [Qheswa Simi Hamut'ana Kurak Suntur] Diccionario Quechua – Español, 2da Edic. Gobierno Regional del Cusco, Perú, 2005.


[1] CFR: QUINTANILLA PONCE, Alfredo; “El waqcha Arguedas y los doctores”; en Cyberayllu, revista de difusión de temas de cultura y humanidades; Nov. 2000. [http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/AQWaqcha/AQP_Waqcha1.html]
[2] Ibid.
[3] Para una idea general del Derecho como instrumento de hegemonía puede consultarse, entre otros, el trabajo de Noguera Fernández, Albert; “Durkheim y Weber: surgimiento de la sociología jurídica y teorización del Derecho como instrumento de control social”, Investigaciones Sociales, Año X, N° 17, UNMSM Lima, 2006, Págs. 395-411.
[4] Estas ideas, son tomadas prestadas de las propuestas de Antonio Carlos Wolkmer. Una síntesis de su propuesta de pluralismo emancipatorio, tributaria de la teoría sociológica jurídica de Erlich, puede encontrarse en el trabajo de SÁNCHEZ RUBIO, David; “Pluralismo jurídico y emancipación social”, en Belloso Martín, Nuria y DE JULIOS-CAMPUZANO, ¿Hacia un paradigma cosmopolita del derecho?: pluralismo jurídico, ciudadanía y resolución de conflictos, Oñati IISJ, Dykinson, 2008. Págs. 111-129.


miércoles, 22 de mayo de 2013

Nuestra querida Federación Universitaria del Cusco

                                                                                                               Pável H. Valer Bellota
Estudiantes de la UNSAAC en manifestación contra el
alza de tarifas de transporte público.
Fuente: blog FUC.
Esa era una tarde linda, con el sol de junio alumbrando las fachadas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Nosotros, jóvenes idealistas, estudiantes interesados en el porvenir de nuestra universidad, viendo las flores crecer, hablábamos tomando un café sobre la vida, la política, el pan y la belleza. No nos imaginábamos esa tarde de sol que, dentro de unos días, después de la derrota que sufrirían las propuestas infectadas de violencia en las elecciones para renovar la junta directiva de la Federación Universitaria del Cusco, uno de nosotros sería asesinado.

Guyen Hilares Santos sería alcanzado el crepúsculo del 14 de junio de 1992 por una bala que algún insano fanático le disparó por la espalda. Él era un estudiante sencillo, aguerrido, militante de “Nueva Universidad”, era un muchacho de izquierdas, fornido, mestizo cusqueño que llevaba una barba castaña y roja, y era sobre todo un buen amigo.

Esa tarde linda de sol, Guyen Hilares Santos, sentado en el local avejentado de la Federación Universitaria del Cusco situado a las puertas que daban hacia la Avenida de la Cultura, decía preocupado e inquieto como era: “debemos renovar esta Federación, tenemos que darles a los estudiantes nuevas ganas de participar en la vida universitaria, debemos reorganizar esta Federación de estudiantes para que sirva realmente al pueblo, a los más humildes, a nuestra patria y al Cusco”. Este ímpetu honesto era un obstáculo para las organizaciones que practicaban el terror y la acción política criminal: a principios de los años 90 la FUC fue prácticamente destruida, desarticulada e inmovilizada por la obcecación de los integrantes de Sendero Luminoso.

Las palabras del dirigente estudiantil enunciaban un sentido común de bien colectivo, eran expresiones de un joven demócrata, una idea compartida por la mayoría de los estudiantes de entonces que, afortunadamente, fueron transmitidas a las generaciones posteriores, a pesar del terror que buscaba acabarlas a balazos, y para congoja de los intereses de no raras autoridades universitarias que preferían gobernar la UNSAAC sin el “estorbo” de la crítica de los estudiantes.

Reconstruir la FUC tomó casi una década después de esos días soleados y terribles de junio. Únicamente desde el año 2002 pudo echarse a andar nuevamente cuando, por fin, se desarrollaron las elecciones para elegir una nueva junta directiva de nuestra querida Federación Universitaria del Cusco. 

La recomposición de la organización de los estudiantes antonianos fue un verdadero triunfo alcanzado después de un proceso social que resulto dificilísimo por que tuvo que vencer a la violencia política, sobreponerse al desánimo, la dispersión, y al aprovechamiento oportunista de algún grupo de advenedizos que pretendieron utilizar a la FUC como un pedestre negocio más que les rindiera algunas monedas. Tuvo que superar también el descrédito de la actividad política y la crisis de las ideologías modernas que azotó a la UNSAAC durante los años 90. El nuevo andar de la FUC fue un premio a la constancia y al trabajo que muchos -varias generaciones de estudiantes- herederos del idealismo, la sana locura juvenil y el arrojo de Guyen Hilares Santos desenvolvieron en el claustro universitario.

Este ánimo gremial fue la continuación de una línea histórica universitaria que nos fue encomendada desde el tiempo. La FUC fue fundada a mediados de 1909 por unos estudiantes a los que creyeron “locos” por que pedían lo “imposible”: reforma universitaria, acceso a la docencia por concurso público, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, vinculación de la universidad con el pueblo. Nuestra querida FUC fue creciendo y casi infante organizó en 1920 el congreso de creación de la Federación de Estudiantes del Perú, y posteriormente a lo largo de su historia agrupó a jóvenes con vocación social que, luego de egresados, ocuparían principales responsabilidades públicas del Perú.

Los momentos más fecundos de la FUC fueron cuando se enlazó directamente con las demandas democráticas y los movimientos sociales del pueblo del Cusco. Por ejemplo, a mediados de los años 60 se produjeron los movimientos en el sur de país que propiciaron la reforma agraria y cambiaron la estructura social del Perú, las comunidades indígenas que se levantaron contra el modelo social imperante fueron apoyadas por la FUC, al límite que el movimiento campesino tuvo entre sus líderes y patrocinadores a estudiantes emergidos de la UNSAAC o con vinculaciones estrechas con ella. Es el caso de Simón Oviedo, Miguel Quispe, Arcadio Hurtado y Vladimiro Valer Delgado. En aquel tiempo Chaupimayo (en La Convención, Cusco) se erigió como un pedestal mundial conocido por la sindicalización campesina, la lucha contra los gamonales y por la reforma agraria hecha realidad por las propias manos indígenas, gracias en parte al nexo e impulso que recibió de la tricentenaria universidad.

Los años 70 estuvieron marcados por la resistencia universitaria contra la dictadura militar. Fueron épicas las batallas que los estudiantes, trabajadores y docentes de la UNSAAC libraron contra aquella tiranía. Todo el pueblo del Cusco se solidarizó con estas campañas por la democracia en las que sobresalió el liderazgo de los estudiantes Tany Valer Lopera y Norman Bedoya. Deben ser recordados como héroes del pueblo y la libertad Jaime Salinas, estudiante de química asesinado por el gobierno militar el 23 de noviembre de 1973, Julian Choque Pariguana trabajador universitario y estudiante cuyo pecho fue atravesado por una bala el 25 de noviembre de 1973 cuando alcanzaba algunos víveres a sus compañeros encerrados en la universidad sitiada por la soldadesca. Estas luchas por la libertad y la democracia tuvieron un alto costo para los estudiantes: Boris Aybar, Ovidio Santacruz y German Guerra Ortiz quedaron ciegos y paralíticos lesionados por las balas y perdigones que disparó la policía cuando la FUC apoyaba la huelga del SUTEP de 1978.

En 1981, el estudiante Marco Antonio Ayerbe Flores fue detenido cuando participaba en una manifestación de protesta contra el alza de tarifas de transporte público, murió a consecuencia de la tortura a la que fue sometido por la policía.[1] 

¿Cómo no ser agradecido y consecuente con estas luchas y movimientos por la emancipación? El reconocimiento a estos mártires, por los propios estudiantes, debe ser el fortalecimiento de la Federación Universitaria, la superación del burocratismo, el caudillismo, y la dependencia política, así como la reorientación consecuente de sus destinos que recupere su rumbo en la historia.

Nunca fue fácil la responsabilidad de conducir la FUC, desde mediados de los 90 muchos se rindieron ante la inmensidad de los retos, y tentaciones, propios de la dirección del gremio estudiantil más importante de la región Cusco. Actualmente no lo es tampoco, debido a la cultura política y jurídica que han impreso los regímenes autoritarios que someten a sospecha a la actividad gremial y a los movimientos sociales, más aun cuando éstos ejercen una crítica fundamentada y una acción de reprobación democrática a los excesos del poder. No es fácil tampoco ahora por que la legislación universitaria ha restringido la representación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad autorizándola exclusivamente a aquellos catecúmenos que logran aprobar, sin fallar ni un solo semestre académico, todas las materias que se les adoctrinan, sin criticar, sin preguntar, sin dudar ni murmurar. Se hace así una división perversa entre el líder del sindicato estudiantil y el representante prosélito de los mecanismos de dominación.

Toda la universidad, principalmente las autoridades, deben tomar en cuenta la voz de los estudiantes que, al final de todo, son los pajarillos libertarios del jardín de nuestra alegría. 


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[1] Youngers, Coletta; Violencia política y sociedad civil en el Perú: historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Instituto de Estudios Peruanos, (Serie Ideología y Política, 16), Lima 2003. 


viernes, 10 de mayo de 2013

Túpac Amaru II y la exclusión del sujeto constitucional indígena

Miguel Quispe "El Inca". Líder indígena de
Colquepata, Paucartambo (Cusco), Perú.
Foto: Miguel Vargas,  1925 
La Constitución histórica de un país está definida por las líneas generales, subsistentes en el tiempo, que adopta el conjunto de la organización institucional, la distribución del poder político y la dominación, que son verdaderamente aplicadas en el contexto social. Engloba también a  aquellas ideologías, tendencias, y actitudes políticas que determinan los diseños de la Constitución más allá del Derecho escrito en los libros.

La Constitución histórica peruana -que rige actualmente- tiene su origen en el hecho colonial y en la condición en la que se fundó la república después de las guerras de independencia. Estas líneas históricas empiezan a dibujarse a mediados del siglo XVIII[1], pero tienen un origen más antiguo.

El modelo político constitucional de la colonia fue centralmente una continuación, con otros modos y maneras, de la tradición constitucional antigua, es decir, de las normas constitucionales del Tawantinsuyo. John H. Rowe explica que, para efectos de la implementación de la dominación colonial, “el Virreinato del Perú se consideró como la continuación histórica del imperio de los inkas”.[2]

Durante el periodo colonial el gobierno español, pragmáticamente en servicio de sus intereses, permitió la sobrevivencia en el Virreynato del Perú de ciertas tradiciones y normas políticas inkas a las que reconoció como antecedentes jurídicos o títulos legales para legitimar derechos y privilegios. Estas condiciones de excepción eran sustentadas por los caciques indígenas no en el Derecho español sino en el Derecho inka, en el nombramiento de algún antepasado como curaca o gobernador por los reyes inkas del Perú. Los caciques tuvieron interés en preservar la práctica social inka, debido a que basaron en esta tradición la legitimación de sus pretensiones a una posición social y política privilegiada. 

Hasta fines del siglo XVIII el segmento indígena se había acomodado en la sociedad colonial y había desarrollado complejos mecanismos de supervivencia social y cultural. En algunas ciudades como Cusco, a finales de la colonia, había un grado considerable de mezcla racial, incluso las élites criollas, y más aun las descendientes de los inkas reclamaban sus créditos de nobleza haciéndolos derivar de algún antepasado de las panakas -familias reales- de la época del Tawantinsuyo. Existía una especie de devoción inka expresada en una nostalgia por el incario, el uso del idioma quechua, la reivindicación de la autonomía política fuera del aparato administrativo español, y la legitimación oriunda de las propiedades y riqueza de la nobleza autóctona.[3]

La acomodación constitucional colonial cambió radicalmente a partir del siglo XVIII, el siglo de las rebeliones indígenas. La corona, presionada por su situación económica y por la situación de guerra permanente con Inglaterra[4], decretó métodos más gravosos de explotación colonial. Esto, aunado a la subsistencia de un sentimiento nacional neo-inka, provocó el descontento social y una serie de insurrecciones de los pueblos tawantinsuyanos.

Dos de estas rebeliones contra el régimen colonial son consideradas muy importantes: la de Juan Santos Atahuallpa (1742-1752) en los Andes centrales; y la liderada por José Gabriel Condorcanqui  -Tupac Amaru II- en los Andes del Sur (1780-1782). Este último, descendiente del linaje de los Inkas de Vilcambamba, pretendió hacer un frente común compuesto por indígenas, mestizos, negros, y ‘españoles americanos’ unido por un proyecto político multinacional, multirracial y pluriétnico. Su propósito naufragó debido, entre otras razones, a que los indígenas presentaban grandes rivalidades y diferencias étnico-culturales como para unirse en torno a la emancipación del dominio hispano. Los pueblos originarios no veían muy lógico hacer la independencia con los criollos hispanistas, a quienes veían como opresores junto a la élite virreinal.

La rebelión de Tupac Amaru II fue vencida, y su fracaso propició el sometimiento de los curacas originarios. Después de esta derrota política-militar se abrió un proceso social de represión de todo aquello que pudiera considerarse subversivo, es decir indígena, que menoscabó la condición social de los pueblos originarios.

El proceso de reacción virreinal contra el proyecto tupacmarista fue continuado en la práctica por el naciente Estado peruano después de la independencia (1821), y terminó a mediados del siglo XIX con la prohibición de los títulos nobiliarios derivados del Tawantinsuyo y la subsiguiente desaparición/mestización/acriollamiento acelerado de la nobleza autóctona. Con su dispersión se estableció una situación de marginación y exclusión social-cultural-económica del hecho indígena, que persiste actualmente.

La liquidación de la élite autóctona impidió la propuesta de un proyecto nacional indígena a considerarse en las Constituciones de la naciente República del Perú. Con su eliminación jurídica se despojó a este segmento social ‘peruano’ del medio para elaborar un discurso político en base a su identidad nacional tawantinsuyana. La desaparición de los curacazgos privó a las poblaciones andinas de las élites que habrían podido construir nuevos discursos de identidad en el futuro.

Al no existir más esta élite o al estar proscrita por el Derecho realmente existente, durante el resto del periodo republicano no surgieron proyectos nacionales indígenas, ni la reivindicación del reconocimiento de las nacionalidades originarias, o al menos no fueron tomados en cuenta por el modelo político postcolonial.

Se produce de esta manera la exclusión histórica del sujeto constitucional indígena. Se pierde la oportunidad de fundar un Estado, de establecer una Constitución, que refleje los anhelos históricos de todos los sectores políticos, culturales y nacionales que conforman la polys peruana. El sujeto constitucional indígena es expulsado del contrato social que instauró oficialmente la República del Perú. El contrato social criollo, que funda oficialmente la sociedad política, excluye al colectivo indígena y proyecta la construcción de la ‘nación peruana’ en su contra.

Entonces las Constituciones fueron dejadas a la suerte de las pugnas y del debate ideológico entre autoritarios, liberales y conservadores. Las nacientes líneas constitucionales peruanas del Reglamento, el Estatuto Provisional, las Bases de la Constitución, la propia Constitución Peruana de 1823 (suspendida mientras durara el gobierno de Bolívar), no impidieron –por ejemplo– que los primeros gobiernos del Perú independiente, en sus primeras actuaciones, decretaran oficialmente la extinción de los cacicazgos indígenas el 4 de julio de 1825 y el establecimiento del castellano como el único y verdadero idioma oficial del Perú.    




[1] El origen de las constituciones peruanas es encontrado en los constitucionalistas clásicos en los documentos constitucionales surgidos después de la declaración de la independencia. Existe sin embargo, lo que García Belaúnde llama –por comodidad– una prehistoria constitucional (…) que empieza en 1780 y termina en 1820. GARCÍA BELAUNDE, Domingo; “Bases para la historia constitucional del Perú”; Boletín mexicano de derecho comparado; IIJ, UNAM, Nro. 98, Mayo–Agosto, 2000.
[2] ROWE, John H.; “El movimiento nacional inka del siglo XVIII”; Revista Universitaria,Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 43 (107), 2° Sem. 1954, Págs.17–47.
 [3] CAHILL, David; “Una nobleza liminar: los incas en el ‘espacio de negociación’ cusqueño a finales de la colonia”.  En: J, Fisher y D. Cahill (edit.), De la etnohistoria a la historia en los andes. 51 Congreso Internacional de Americanistas. Quito: Abya Yala, 2008, Págs. 129-162. (p. 140)
[4] Inglaterra estuvo en guerra con España casi todo el siglo XVIII: 1701-1713, 1718-1720, 1727-1729, 1739-1741, 1762-1763, 1779-1783 y 1796-1800.  ROWE, John H.; Op. Cit. 

domingo, 28 de abril de 2013

UNSAAC, 321 años. La Universidad Pública ante la globalización neoliberal y la “universidad empresa”

UNSACC, ciudad universitaria de Perayoq.
FOTO: Diario del Cusco 
Desde los años 80 el Estado peruano se enfrentó a una de sus peores crisis, en los años 90 parecía que se vendría abajo y, espoleado por la necesidad de salvarse a toda costa, optó por una reestructuración neoliberal.
A mediados de los años setenta y ochenta del siglo XX una vieja forma de entender la economía y la sociedad, que se había archivado en los anaqueles de lo arcaico de las universidades norteamericanas y japonesas, se maquilló de propuesta lozana. Transformada en neoliberalismo abrió sus alas con fuerzas contenidas durante decenios y propuso despedazar, con su puesta en práctica, los avances más preciados del Estado Social por los que hasta entonces había bregado la humanidad. La globalización en su forma neoliberal amenaza desde entonces con estrellar definitivamente su arpón de fuego en la Universidad Pública.
La propuesta neoliberal busca que la sociedad y el Estado -que somos todos, al final de cuentas- deben estar al servicio únicamente de la economía de algunos. Los primigenios pensadores liberales se imaginaron que la economía prosperaría en beneficio del conjunto de ciudadanos, mediando la ley de la oferta y la demanda, si se evitaba una interferencia pública excesiva y la dominación de los monopolios. En cambio, la reestructuración neoliberal ha eliminado todo rastro de intervención del Estado y, a diferencia del seminal imaginario liberal, ha entregado la economía a grandes empresas monopólicas.
Así, se ha instaurado un dogmatismo de mercado que ha impuesto sus recetas incontestables, entre ellas la privatización de todo lo que sea público, porque considera que absolutamente todo lo público –incluso el Estado y la Universidad– es ineficiente.
La restructuración neoliberal del Estado de los años 90 propició la expansión de la inversión privada en la educación superior y el reforzamiento del modelo de la “universidad-empresa”[1]. En este prototipo universitario el conocimiento es reemplazado por la diligencia sencillamente crematística subordinada a los intereses del mercado, la ciencia es relevada por el llamado “saber capitalizable” para el que interesa la actividad académica únicamente si da rédito económico inmediato. Mientras tanto, la universidad pública, que debió haber jugado un papel importante en la democratización, fue abandonada a su suerte.
La falta de un proyecto universitario coherente en las universidades públicas fue agravado por la huida de la actividad y la reflexión política de sus claustros. Al periodo de alta politización y radicalización de los años 70-80 le siguió un periodo en el que surgieron nuevos grupos de poder que, abjurando de las ideologías modernas, sin un programa ni una visión clara, abandonaron los proyectos de una universidad pública y a lo más en la actualidad siguen imitando, de muy mala manera, los ejemplos de gestión de la “universidad-empresa”. Con ella se hacen comunes en la universidad pública la baja calidad académica, la ineficiencia administrativa, la inestabilidad institucional y la pérdida de contacto con la sociedad por la pugna a su interior de intereses mezquinos.[2]
La UNSAAC actual es legataria de ese coctel dañino y hasta hoy lo toma, intonsa. La globalización hegemónica, la despolitización, el abandono de una visión universitaria a largo plazo, la imitación mediocre y tarambana del modelo de la “universidad empresa”, el accionar de grupos a su interior sin más interés que su propio beneficio y la falta de respuestas coherentes a esa globalización se conjugan y, de manera perversa, buscan con su actuación la liquidación de la promesa de una universidad pública de calidad que esté al servicio de los intereses de la sociedad regional cusqueña.
Sin embargo, ese proceso pernicioso no es invencible, al contrario, sus elementos pueden ser contrarrestados con la recuperación del debate político democrático en el claustro y con el abandono de propuestas mediocres sobre la universidad. Pero sobretodo creando una cultura y una logística universitaria que privilegie la creación de ciencia, la investigación y la enseñanza de calidad, que pondere –sobre cualquier compadrazgo o vinculación política– el esfuerzo académico de sus miembros. El proceso destructivo de la universidad debe ser enfrentado con la propuesta de reconstrucción de una Universidad del siglo XXI, desechando, a su vez, la parroquialidad académica y los gravámenes perniciosos de la globalización hegemónica.
El proceso de globalización ha colocado a la UNSAAC en una posición que puede aprovechar o por la que puede ser aplastada. Por un lado, ha dado posibilidades reales a la Universidad de beneficiarse del desarrollo de las tecnologías de comunicación global, ha abierto verdaderas posibilidades de que instituciones educativas de diversos lugares del mundo puedan establecer relaciones cercanas de intercambio de experiencias de investigación y desarrollo. Cada vez es más posible y común que las universidades del sur intercambien recursos y experiencia con universidades de países con una amplia cultura de investigación. 
Por otro lado, este proceso de globalización también puede terminar por acabar con la Universidad. Bajo la lógica de la globalización neoliberal las grandes empresas transnacionales y los organismos globales, que ordenan el intercambio económico internacional, promueven una suerte de ciencia oficial, un nuevo credo económico que pretende insertarse en toda la sociedad. Este hecho puede convertir a la Universidad (y de hecho ya está sucediendo) en una maquinaria de promoción, divulgación y aplicación acrítica de esta pretendida única ciencia oficial neoliberal.
La respuesta adecuada frente a la forma hegemónica de la globalización de los poderosos es recuperar y fortalecer la Universidad Pública mirando a las necesidades de nuestros pueblos, observando el mundo para tomar de él lo que sirva a nuestra emancipación, construyendo una universidad democrática, de gran calidad, en la que se abran mil flores y florezcan mil ideas.




[1] CADAVID G., Teresa E; “Sobre la universidad-empresa”, en Revista Iberoamericana de Educación, Nº 50; Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Noviembre de 2009.
[2]“Los peruanos de pocos recursos reciben una educación de baja calidad en estos centros, y aquellos que más poseen acceden a una mejor formación en algunas instituciones privadas.” LERNER FEBRES, Salomón; “La universidad: crisis y alternativas”, en La República, Lima 27/02/2011.

viernes, 19 de abril de 2013

UNSAAC, 321 años. La ausente gestión del conocimiento y de la investigación

Interior del Rectorado, Calle Tigre, UNSAAC.
FOTO: Charly Quispe
En los años 90 fue formulado el paradigma de la “universidad-empresa”. Entonces, es probable que los grupos universitarios de la UNSAAC se encontraran intelectualmente indefensos frente a la implementación de sus postulados y no pudieran plantear propuestas alternativas frente a él. Lo objetivo es que, a lo más, atinaron a imitar de mala manera a las universidades que pusieron en práctica ese arquetipo. El resultado fue una universidad sin rumbo ni proyecto y que caminaba por inercia.
Paradójicamente, este tipo de universidad estatal a la deriva, abandonada a su suerte, ha sido sorprendido en los últimos años por un auge en el financiamiento universitario: los fondos provenientes de las regalías, el canon minero y del gas dotan actualmente a la universidad de inimaginables fondos económicos que deberían ser utilizados en la investigación. Desdichadamente, a día de hoy, la UNSAAC muestra serias falencias en la inversión de esos gigantescos montos.
La UNSAAC tiene en estos momentos los medios materiales, la posibilidad económica real, de convertirse en una de las instituciones educativas de mayor impacto en el Perú –y con proyección internacional– respecto a su producción intelectual. Desdichadamente, esta coyuntura contemporánea está siendo desperdiciada.
Tradicionalmente, uno de los pilares de la crisis de la universidad fue la falta de su financiamiento con fondos públicos, existían enormes dificultades debido a la escasez de presupuesto para la investigación. Actualmente este escollo parece no existir más. La crisis de la universidad ya no es causada por falta de recursos económicos, la crisis es ahora una crisis de gestión, de proyectos, de ideas y de maestros.
Para aprovechar la circunstancia histórica actual de crecimiento económico y abundancia del financiamiento, es necesario que las autoridades de la UNSAAC tomen  decisiones adecuadas y circunspectas respecto a las labores de formación, investigación y organización de nuestra universidad.
¿Cómo deberían ser tomadas estas decisiones? Convendría promoverse que los universitarios nos observemos a nosotros mismos, investiguemos sobre la propia universidad, hagamos de ella un tema de reflexión, de crítica y de propuesta para superar la crisis que la aqueja y para emprender una nueva reforma universitaria centrada en construir una universidad investigadora, de calidad y pertinente socialmente. Esta reforma debe hacer posible que la investigación y el conocimiento sean socialmente oportunos, por que la generación de conocimiento debe partir de nuestra propia realidad regional y debe ser entendida de manera diferente al del enjuto proyecto de investigación propio de la “universidad-empresa”.
Si se quiere recuperar y potenciar el lugar preponderante que la UNSAAC tuvo en la vida intelectual del Perú en el periodo de 1909-1970, y proyectarlo al futuro, es  necesario y urgente que todos sus estamentos reflexionemos en voz alta sobre los proyectos relativos a la universidad. Se deben ingeniar propuestas sobre cómo organizar estratégicamente las labores de formación e investigación, precisar los modelos de gestión administrativa más eficientes y democráticos que puedan servir a lograr una educación universitaria de calidad, que tenga como prioridad contribuir al proceso de construcción de nuestro propio proyecto nacional-regional.
La Universidad tiene como uno de sus fines ineludibles la elaboración de conocimiento, la creación de ciencia, más aún en una realidad caracterizada por la mundialización y los cambios generalizados y rápidos en el campo tecnológico, en las ideas y en la realidad social. En este contexto, el conocimiento ha adquirido una relevancia esencial para la promoción del desarrollo, para la emancipación social; en especial porque es fundamental para la innovación, para promover una sociedad progresista con una universidad emprendedora y de vanguardia.
El conocimiento que genere la UNSAAC debe estar vinculado estrechamente a las necesidades de desarrollo sostenible como un elemento esencial del progreso de nuestra Región. Este enunciado, colectivamente aceptado tiene, sin embargo, una implementación de carácter complejo; requiere de herramientas de gestión que deben elaborarse desde la propia realidad de la UNSAAC, con participación de sus miembros, de manera técnica y sistemática. La Universidad actualmente necesita organizar estratégicamente las labores de investigación, precisa elaborar una planificación de la investigación como un proceso colectivo de reflexión sobre el presente y el futuro de la producción y a la difusión del conocimiento.
Desde hace un par de años existe en la UNSAAC un Vice Rectorado de Investigación al que le corresponde proponer las bases de un Plan Estratégico de Investigación que dé cuenta de los condicionantes que rodean a la producción de conocimiento propio, a la situación de los núcleos, institutos y centros de investigación; de sus recursos, sus necesidades y demás aspectos que puedan incidir en sus actividades. Todo ello con la finalidad de explorar las direcciones alternativas por las que pueda encaminar su gestión, para lograr que la Universidad cumpla con su fin de producción intelectual de calidad y con eficiencia, de acuerdo a estándares de calidad internacionales.
Sin embargo, este plan estratégico no ha sido elaborado todavía. Así, la UNSAAC carece de una herramienta clave para la gestión institucional efectiva de la investigación, por lo que se ve impedida de tomar decisiones adecuadas para afrontar los desafíos globales y provechar adecuadamente las oportunidades que se presentan en el contexto universidad-región-país.
Esto ha ocasionado que el presupuesto que hasta la actualidad se ha invertido en financiar proyectos de investigación haya sido restringido, de manera inadecuada, únicamente a la cofradía de los profesores de la universidad, sin dar posibilidades de financiar proyectos propuestos por otros estamentos, como los egresados o las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Harían bien los administradores de la UNSAAC en superar esta debilidad y dotarse de las herramientas adecuadas que les faciliten hacer una gestión del conocimiento y la investigación más abierta, democrática y con garantías. Finalmente el dinero que la UNSAAC tiene como presupuesto de investigación es dinero del pueblo.
Un Plan Estratégico de Investigación debería contribuir a promover la participación de la Universidad en el desarrollo económico-social sostenible, para preservar y expandir nuestra identidad cultural regional, y posibilitar a la UNSAAC fortalecer su papel en el progreso de la sociedad regional. Las líneas generales de este Plan podrían servir a la Universidad para situar sus objetivos a largo plazo y volver a hacer brillar a los antonianos en el mundo académico nacional, y mundial ¿por qué no?



FOTO: Charly QuispeInterior del Rectorado, Calle Tigre, UNSAAC. [consultado Marzo 2013]

martes, 9 de abril de 2013

Un nuevo constitucionalismo para la refundación multicultural del Estado

Indígenas quechuas y funcionarios del Ministerio
de Cultura -  Cusco, Perú  
Desde el punto de vista de la filosofía política, los pueblos indígenas son instituciones que tienen un significado público. Son verdaderas unidades colectivas e instituciones políticas preexistentes al Estado. Es decir, los pueblos originarios existen antes de que fueran fundados los Estados latinoamericanos contemporáneos. 

Por ello más que el otorgamiento de derechos mediatizado, los pueblos indígenas deberían interesar un nuevo constitucionalismo que los considere como tales, que los reconozca como verdaderas unidades políticas preexistentes al Estado colonial y postcolonial. Para esto es necesario impulsar un nuevo contrato social democrático sobre la base de la conversación, la negociación y el diálogo entre iguales.

Para consolidar y fortalecer la democracia, el modelo político criollo del Estado latinoamericano actual tiene la obligación de establecer mecanismos de diálogo y, sobre todo, el deber de diseñar mecanismos constitucionales para establecer un modelo político intercultural, una relación jurídica democrática entre unidades políticas soberanas. 

El dialogo político intercultural para la refundación de los Estados latinoamericanos debe basarse en la libertad. Toda asociación, y más aun una asociación de carácter político que se manifieste en una Constitución, tiene que ser libremente consensuada entre las partes. Si no lo hace pervierte la Constitución Política hasta convertirla en una imposición antidemocrática que instaura un totalitarismo cultural de Estado, que instituye el dominio incontestable de un grupo civilizatorio sobre otro, o la primacía de un modelo político-cultural del Estado sobre las formaciones culturales-políticas autóctonas.

Pero para dialogar y convenir la creación del Estado mediante una Constitución, las partes intervinientes se deben reconocer mutuamente el derecho de hacerlo. El reconocimiento del otro cultural es entonces un prerrequisito de la fundación democrática del Estado. Este reconocimiento de la existencia de la variedad étnico-nacional debe incluir un núcleo duro de derechos como condición del dialogo: El respeto a la vida, la autonomía, la igualdad de condiciones y la posibilidad de perseguir sin coacción los propios fines y valores no son resultado sino condición de todo convenio político volunta­rio.[1]

Luis Villoro expone que cuando los sujetos de la asociación política pertenezcan a comunidades culturales diferentes, el respeto a la diversidad debe ser parte de ese núcleo duro de derechos. Si el convenio constitucional que funda el Estado quiere dejar de ser un convenio impuesto y convertirse en uno decidido en libertad, ese núcleo duro de derechos tiene que incluir el reconocimiento de la autonomía de los sujetos del convenio, y fundamentalmente admitir el derecho de autodeterminación.

El fundamento del derecho de los pueblos a su autodetermi­nación es anterior a la Constitución del Estado-nación, por lo tanto el orden jurídico no puede fundarlo, sólo reconocerlo considerando la libertad de decisión de los pueblos indígenas como una condición primigenia de la promulgación de sus derechos.

Sólo si se reconoce el derecho originario de un pueblo a asociarse con otros pueblos en un Estado multicultural, la asociación política estará fundada en la libertad. Una Constitución que pretenda aplicarse sobre una sociedad culturalmente heterogénea, sobre un conjunto de nacionalidades diferentes y singulares, corre el serio riesgo de convertirse en un mero postulado de ideas, un discurso político vacío sin posibilidades de lograr legitimidad ni eficacia. Este riesgo se produce debido a que existe una errónea creencia de que una Constitución fundada en razones consideradas por sus redactores ‘razones universales’ puede ser impuesta sobre formaciones sociales multiculturales anteriores históricamente al propio Estado.

La pretensión de imponer una Constitución elaborada por representantes de un grupo cultural (étnico-nacional) sobre otro grupo civilizatorio al que no se le ha reconocido, no se ha convocado, o no se le ha permitido ejercer el derecho de participar plenamente en la fundación del Estado, aunado a las características culturales del Estado postcolonial latinoamericano, es parte importante del fracaso de la Constitución Política, de la llamada crisis de la ley, y lleva en muchos casos a la anomia social y al descrédito del modelo político liberal y al déficit democrático.

El esquema democrático requiere de modelos políticos de acomodación de las diferencias culturales. Para llenar este requerimiento necesitan ser reconocidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas como formaciones preexistentes al Estado; en otras palabras, sus derechos colectivos deben ser considerados como equivalentes al derecho colectivo del propio Estado.

Una regulación constitucional, desde su origen, debe partir del reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones indígenas, debe considerarlos como interlocutores legítimos del Estado y, a su vez, garantizar las relaciones interétnicas en paridad de condiciones. Para este fin –incluso desde consideraciones en base a la mera igualdad– el modelo político tiene que prescribir favorablemente sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, debe reconocerles un estatuto jurídico diferenciado –una condición pre estatal–  tendiente a reparar y a afrontar en serio la asimetría política cultural.

Se debe desterrar la errónea idea de que la unidad territorial del país implica una primacía de la soberanía del Estado sobre la soberanía de los pueblos. Consideraciones como las aludidas no son cosa de otro mundo, son prescripciones constitucionales que ya están siendo adoptadas sin que se produzca el temido desmembramiento del Estado. Solo hace falta, para constatar esta realidad, fijarse en el reconocimiento que a partir de los años noventa del siglo XX han hecho las Constituciones de una gran parte de países latinoamericanos, un hecho palpable que puede encontrarse, por ejemplo, en la modificación de la Constitución Argentina de 1994  que en su art. 75º inc. 16º declara: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.”[2]

El reto contemporáneo es trascender del reconocimiento formal y abstracto en el texto  de las Constituciones hacia una concreta y verdadera reforma del Estado que dé cabida política a los grupos nacionales sub-estales, y alcanzar políticas públicas concretas y cotidianas de reconocimiento.



[1] Cualquier forma de asociación libremente consensuada, impone el reconocimiento de los otros como sujetos, lo cual in­cluye: 1) el respeto a la vida del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación le una igualdad de condiciones en el diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada quien de que los demás puedan guiar sus decisiones por sus propios fines y valores y no por los impuestos por otros, y 4) por último, para que se den esas condiciones, es necesaria la ausencia de toda coacción entre las partes.”  VILLORO, Luis; Estado plural, pluralidad de culturas; Paidos; México – Buenos Aires – Barcelona, 1998.
[2] BAZÁN, Víctor; “La problemática indígena y sus mutaciones constitucionales en Argentina”; Revista de Derecho Constitucional Latinoamericano, Vol. VIII, 2004.

martes, 26 de marzo de 2013

UNSAAC, 321 años. La Reforma Universitaria de 1909, aciertos y crisis actual

Zaguán del Paraninfo Universitario UNSAAC
Foto: Marcelo Ois Lagarde.
Nacida como una oscura institución que adoctrinaba en la fe, las ideas y la metodología del colonialismo y la destrucción de nuestras sociedades originarias, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, desde hace 321 años, ha transcurrido su historia formando habitualmente intelectuales que servían para preservar el sometimiento de nuestras sociedades, pero también, de manera paulatina y cada vez más cuantiosa, pensadores críticos que la encumbraron a las alturas de la creación de imaginarios emancipadores y libertarios.
La universidad peruana ha sido casi siempre una universidad en crisis. Después de la implantación de la república (1821), la universidad permaneció por mucho tiempo anclada en el pasado y se constituyó en una institución que albergaba en su seno a las ideas y a los dómines adeptos de las condiciones coloniales de opresión.
Aquel arquetipo de universidad neocolonial fue fuertemente criticado y sacudido a partir de los movimientos reformistas de 1909 en Cusco. Ese año se decretó la primera huelga estudiantil que no cesó hasta conseguir que la universidad cusqueña deslinde con las persistentes condiciones coloniales y se vea libre del imperio de docentes conservadores. El movimiento de los estudiantes cusqueños dio inicio a la Reforma Universitaria que desplegó planteamientos novedosísimos como la representación estudiantil en el gobierno universitario.
En los años posteriores, en el Cusco, los vientos frescos que trajo la reforma universitaria dieron lugar a una institución de educación superior que se colocó en los primeros lugares en innovación ideológica y producción científica. No es exagerado decir que las ideas surgidas a partir de 1909 en la UNSAAC –producidas por la llamada “generación de La Sierra”– se hicieron dominantes en el debate peruano sobre democracia, la descentralización y los nuevos fundamentos culturales autóctonos de la “nación”. Los intelectuales surgidos de la reforma de 1909, integrantes de la “escuela cusqueña”, propusieron con éxito ideas revolucionarias –con amplia resonancia en todo el Perú–sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el anti centralismo, el regionalismo político y económico. La universidad cusqueña empezó a mirar y estudiar la realidad regional y peruana tal cual era.
La reforma universitaria de 1909 implicó también una nueva proyección social que vinculó a la UNSAAC con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil que propugnaban nuevos derechos y paradigmas. De esto pueden dar cuenta algunos hechos históricos importantes: en 1920 se fundó en Cusco la Federación Universitaria del Perú (FEP), posteriormente también tuvo su origen en la UNSAAC la  Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP).  Estudiantes como Erasmo Delgado Vivanco, fundador de las banderas del anarquismo revolucionario en los Andes, fueron los primeros que reivindicaron la obra del inca Garcilaso de la Vega Chimpuoqllo en la década del 20 al 30, luego de que sus obras fueran prohibidas después de la insurrección de Túpac Amaru en 1780.
El proceso reformista abierto en Cusco en 1909 se vio fortalecido por el Manifiesto de Córdova (Argentina, 1919) que impulsó más a los universitarios a fortalecer la transformación y a plantear proyectos contra-hegemónicos que criticaron crecientemente al Estado y la sociedad oligárquica. La reforma y la modernización universitaria hicieron posible que en el claustro se formaran grupos críticos de las condiciones neocoloniales de atraso social, que no tuvieron fácil el desempeño de sus actividades debido a que fueron el blanco de las reacciones antidemocráticas del poder político central.
Por ejemplo, la defensa de los principios democráticos y de la autonomía amparada por la Reforma Universitaria de docentes universitarios como Carlos Nuñez Anavitarte, Ferdinand Cuadros Villena, Carlos Liborio Valer Portocarrero, Afredo Yepez Miranda – quienes protestaron contra la dictadura autoritaria del presidente Manuel A. Odría (1948-56) – fue contestada violentamente por el Estado: los profesores universitarios fueron perseguidos, privados del ejercicio de sus cátedras, y muchos de ellos recluidos por motivos políticos en cárceles como el “Cepa”, entre las décadas del 40-60.
En términos generales, el proceso cusqueño de Reforma Universitaria, proyectó su influencia de manera decreciente hasta mediados de 1970.  Durante este lapso de casi cincuenta años la UNSAAC formó y albergó a un grupo importante de intelectuales que produjeron ideas,  investigaciones y construcciones teóricas originarias con resonancia en todo el ámbito peruano, que lamentablemente se fueron disipando paulatinamente.
El grado de producción intelectual, el número y calidad de la investigación universitaria fue descendiendo a partir de mediados de los años 70. A partir de entonces, la UNSAAC fue envuelta en el torbellino de los debates ideológicos y las pugnas políticas de aquel momento. Las dictaduras políticas que se sucedieron en el poder dispusieron que la universidad sirva completamente a sus intereses, a su vez que disminuían el financiamiento para el desempeño normal de las actividades universitarias. Estas intenciones no democráticas fueron motivo de oposición de los estudiantes y los docentes que se organizaron en grupos políticos de una variada gama de izquierdas. En esta pugna “ganaron” en la práctica las posturas –compartidas por ambos bandos en disputa– que indicaban que la universidad debía servir únicamente a proyectos particulares de cambio político y económico, y que las labores de educación, investigación y acaso la escasa producción científica universitaria debían subordinarse a este objetivo último. La universidad fue reducida, teórica y pragmáticamente, a un mero y exclusivo instrumento político cuyo resultado fue la disminución de su actividad investigadora y su calidad académica.
Este panorama se agudizó en medio de la violencia política de los años 80-90 y de la crisis económica que recortó crudamente el presupuesto para las universidades. Cuando se inició el conflicto armado interno en el país en 1980, el sistema de universidades públicas se encontraba en un proceso de grave crisis económica y académica. La Comisión de la Verdad y Reconciliación subraya en este periodo la existencia en las universidades peruanas de una tendencia a la radicalización ideológica y la confrontación practicada por diversos sectores universitarios (estudiantes, docentes, trabajadores), la burocratización y el corporativismo gremial. Las universidades estatales se convirtieron en espacios altamente precarios y politizados, propicios para el clientelismo y la violencia, en desmedro de su desarrollo y capacidad de generar proyectos democráticos. Parte de la respuesta del Estado a la violencia política fue la militarización de la vida universitaria, al convertir a la universidad en objetivo de la lucha contrasubversiva.[1]
Las reformas neoliberales de los años 90 dieron lugar al modelo de la “universidad empresa”, del cual buena parte de la universidad peruana, entre ella la UNSAAC no logra aun sacudirse.




[1] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN; Informe Final, CVR Lima, 2003. 

FOTO:  Marcelo Ois Lagarde.  Interior del vestidor del Paraninfo Universitario de la UNSAAC. Web del autor en Panoriamio. [Marzo, 2013]